La primera mandataria del País, Jenniffer González Colón, tiene ante su consideración una pieza legislativa que propone crear la Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios, con el propósito de facilitar el acceso a viviendas para participantes de programas de recuperación financiados con fondos federales y prohibir prácticas discriminatorias contra quienes utilizan esas ayudas para adquirir una propiedad.

La propuesta, que fue presentada por el vicepresidente del Senado, Carmelo J. Ríos Santiago (PNP), busca garantizar que las personas beneficiarias de programas de recuperación por desastres, incluyendo aquellos subvencionados mediante los fondos Community Development Block Grant–Disaster Recovery (CDBG-DR), puedan comprar una vivienda sin ser discriminadas por la fuente de financiamiento utilizada, al tiempo que promueve la repoblación de municipios afectados por eventos atmosféricos.

Puedes acceder aquí a la medida:

La exposición de motivos señala que, aunque Puerto Rico recibió una asignación histórica de fondos federales tras los huracanes Irma y María para reparar, reconstruir y relocalizar viviendas, un alto porcentaje de los beneficiarios no ha podido concretar la compra de una propiedad debido a que algunos vendedores rechazan aceptar los vales federales como método de pago.

Según datos citados en el proyecto de ley, de los recursos asignados al Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, el 66% de las familias beneficiarias no ha logrado adquirir una vivienda, principalmente por el rechazo de vendedores a participar en estas transacciones. El proyecto atribuye esta práctica a prejuicios sobre los procesos administrativos de los programas y al desconocimiento sobre la garantía financiera que ofrecen los fondos federales.

La legislación también advierte que estos recursos estarán disponibles únicamente hasta el año 2029, por lo que plantea la necesidad de establecer mecanismos que permitan su utilización efectiva antes de que expire el periodo de vigencia de los fondos.

Como parte de la propuesta, se tipificaría como una práctica discriminatoria el rechazo a compradores por el hecho de utilizar fondos federales de recuperación para adquirir una vivienda. Además, se establecerían penalidades para quienes incurran en este tipo de discrimen durante procesos de compraventa de propiedades.

Este Proyecto del Senado 679, también propone enmendar el Código de Rentas Internas para fijar una contribución especial sobre la ganancia de capital generada por la venta de una propiedad cuando el comprador sea un beneficiario certificado de programas federales de recuperación, con el objetivo de incentivar este tipo de transacciones y ampliar la disponibilidad de viviendas para las familias afectadas por desastres.

Según la medida, la iniciativa pretende, además, contribuir a frenar el éxodo poblacional que enfrentan varios municipios, facilitar la relocalización de familias fuera de zonas de alto riesgo y fortalecer la reconstrucción de las comunidades mediante un mercado de vivienda más inclusivo y accesible.