El pasado martes el Departamento de Educación federal intervino en el caso de Robert Murphy, un hombre de 65 años y desempleado que intenta desde hace más de tres años borrar la deuda estudiantil que tiene mediante un proceso de quiebra.

El caso, que mantiene en vilo a los millones de deudores en préstamos estudiantiles, se litiga en un tribunal federal de Boston. La deuda de Robert obedece a sendos préstamos estudiantiles que tomó entre los años 2001 y 2007 para que sus tres hijos pudieran estudiar en universidades. No obstante, según Murphy alega, este perdió su trabajo como presidente de una compañía manufacturera. A partir de ese momento el hombre ha explicado que no ha podido encontrar un trabajo igual, y que ha sido rechazado para posiciones de menor jerarquía por estar sobre cualificado. Al día de hoy, este depende económicamente del salario de 15,000 dólares al año de su esposa y posee una deuda de $246,500 dólares, ejecución de su casa y todos los ahorros de su retiro perdidos.

A diferencia de otros tipos de deuda, los préstamos estudiantiles solo pueden ser perdonados en circunstancias excepcionales. El criterio existente para poder eliminar una deuda de préstamo estudiantil fue aprobado en el año 1970 por el Congreso de los Estados Unidos. Este estableció que una deuda estudiantil no podría ser perdonada en un proceso de quiebra, excepto que ello significara una "carga excesiva".

Dado a que los congresistas nunca definieron qué significaba la frase, Murphy, quien se representa a sí mismo, argumenta que sus circunstancias económicas y su edad son precisamente lo que los congresistas definieron como "carga excesiva".

En una decisión de un tribunal superior, un juez explicó que la ley de quiebra "prioriza la continua integridad financiera del programa de préstamos estudiantiles federal sobre la habilidad del deudor de un nuevo comienzo", y que es por eso que el perdón solo sucederá en circunstancias demasiado excepcionales.

El tribunal que atiende el caso solicitó que el Departamento de Educación federal opinara sobre el asunto. En un documento sometido al tribunal el pasado martes, los abogados del gobierno urgieron a los jueces a no ceder bajo ningún concepto ante los deudores que dicen tener problemas financieros. Hacerlo, podría afectar "la estabilidad fiscal del programa de préstamos" que ha existido por medio siglo. Asimismo, los abogados explicaron que Murphy no merece la oportunidad solo porque tiene 65 años.

«Eso es parte de la carga que los padres deben enfrentar cuando toman préstamos más adelante en su vida laboral», añadieron los abogados.

"Ningún estudiante deudor debe recibir una oportunidad en el pago de sus préstamos estudiantiles a menos que puedan demostrar una ‘certeza de desesperanza'», señalaron también los abogados del gobierno.

Además, según los juristas, este debe probar una total incapacidad en el repago futuro de la deuda por razones que están fuera de su control. El propósito de esta disposición, señalaron, es que la quiebra no se convierta un medio conveniente y oportuno para extinguir una deuda por préstamo estudiantil.

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