Por Daniel Rivera Vargas

En medio de señalamientos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera contra la empresa NFE LLC, o New Fortress Energy (NFE), el gobierno de Puerto Rico pidió al tribunal federal que ordene a la empresa cumplir con su obligación de suministrar gas natural.

Mediante un comunicado de prensa de esta tarde, la gobernadora Jenniffer González Colón informó que solicitó al tribunal federal un interdicto provisional (Temporary Restraining Order) y un interdicto preliminar (Preliminary Injunction) contra New Fortress Energy (NFE), ante los incumplimientos en el suministro de gas.

"Mi responsabilidad es defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y garantizar que contemos con los recursos necesarios para mantener nuestro sistema eléctrico operando. No vamos a permitir que los incumplimientos de un suplidor pongan en riesgo la estabilidad de nuestro sistema de generación ni que nuestra gente tenga que pagar las consecuencias. Estamos utilizando todos los mecanismos legales a nuestro alcance para exigir el cumplimiento del contrato y asegurar alternativas de suministro", expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

Según La Fortaleza, la radicación de emergencia responde a dos situaciones principales. En primer lugar, NFE no está entregando la totalidad del gas natural requerido bajo el contrato vigente, lo que ha obligado a mantener unidades de generación operando con combustible diésel. En segundo lugar, existe incertidumbre sobre la continuidad del suministro ante la próxima salida de la embarcación usada al momento, la Amur River, sin que se haya identificado una nueva embarcación ni confirmado una fecha para el próximo cargamento.

Se alega que NFE ha suministrado gas a solamente una de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan desde el 13 de octubre, mientras que la otra ha tenido que operar con diésel. Además, la empresa no ha respondido a múltiples requerimientos formales relacionados con la disponibilidad de sus instalaciones, los inventarios de combustible y la coordinación de suministros alternos.

La solicitud también procura evitar que NFE imponga obstáculos a la entrada de gas natural proveniente de otros suplidores. Según la documentación presentada ante el tribunal, existe un suplidor alterno que ha manifestado estar preparado para comenzar entregas de gas mediante contenedores especializados en un plazo de un día, una vez se facilite el acceso a las instalaciones necesarias, así como entregas mediante embarcaciones en un periodo estimado de tres a veinte días.

"Puerto Rico no puede depender de la incertidumbre sobre cuándo llegará el próximo barco de gas", añadió González Colón.

La gobernadora destacó que las interrupciones en el suministro de gas también representan un impacto económico para el sistema eléctrico, debido a la necesidad de utilizar combustibles alternos de mayor costo. De acuerdo con la documentación judicial, Genera PR estimó que la operación con diésel durante la segunda mitad de septiembre representó costos adicionales superiores a $18 millones.

La petición se presentó hoy mediante una moción de emergencia ante el juez Pedro Delgado, por vía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina de Compras de Terceros (3PPO). Se reclama que NFE cumpla de inmediato con las obligaciones establecidas en la sección 22.12 del contrato de suministro de gas, conocida como la cláusula de Tolling Agreement, que permite a la AEE recurrir a suplidores alternos de gas natural utilizando las instalaciones de NFE cuando la empresa incumple con las entregas contractuales o declara fuerza mayor.

Las expresiones de La Fortaleza coinciden con lo señalado por la Junta de Supervisión en un comunicado de la semana pasada. Sobre el tolling aceptado por las partes, la Junta indicó que "es una parte fundamental del contrato y una condición crítica para la aprobación del contrato por parte de la Junta de Supervisión. El propósito de este requisito de suspensión era asegurarse de que Puerto Rico no se quedara sin acceso a GNL, sin importar qué parte, si es que alguna, tiene la culpa. Todas las partes estuvieron de acuerdo con esta condición".

La Junta de Supervisión también expresó inconformidad con la labor de esta empresa, afirmando que sus prácticas han causado un gasto innecesario de cerca de $32 millones entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre.