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La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado 299, que busca especificar y reafirmar la intención legislativa del Código Anticorrupción en cuanto a que la convicción de un contratista del gobierno por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleve la rescisión inmediata del contrato sin dirección alguna por la agenda pertinente.
Además, la medida dispone que el gobierno, a través del Secretario de Justicia, tendrá el deber de reclamar indemnización por dichos actos, así como el sustentar por escrito los fundamentos específicos para la determinación de radicar o no dicha acción.
Según el proyecto de ley, la redacción del Código resulta ambivalente en cuanto a la discreción que podría tener el Gobierno para rescindir un contrato, por ejemplo, en el caso de una corporación cuyo agente principal fue convicto por algunos de los delitos que establece la Ley.
La medida, que tuvo origen en el Senado, fue aprobada con enmiendas en la Cámara de Representantes el pasado 13 de septiembre.
El Senado concurrió con las enmiendas en la sesión del martes, 4 de octubre, por lo que será enviada al gobernador Pedro Pierluisi para firma o veto.