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Por Daniel Rivera Vargas

En lo que aparenta representar un golpe en la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió ayer una opinión que reduce las facultades fiscalizadoras de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) al amparo de la Ley federal de Aire Limpio (Clean Water Act).

En su último día para emitir decisiones en el término 2021-2022, el alto foro judicial dejó la puerta abierta para que sea una agencia federal distinta a EPA la que tome acciones relacionadas a emisiones.

"Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que forzar una transición nacional del uso del carbón para generar electricidad puede ser una solución sensata a ‘la crisis del día’.  Pero no es plausible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por sí sola dicho sistema reglamentario en el Artículo 111 d. Una decisión de tal magnitud y consecuencia recae en el propio Congreso, o en una agencia que actúe de conformidad con una delegación clara de ese órgano representativo", reza la opinión de la mayoría.

Lee la opinión West Virginia v. EPA

La opinión de mayoría fue escrita por el juez presidente John Roberts y tuvo tres jueces en su contra, los considerados jueces liberales y cuya opinión disidente fue escrita por Elena Kagan.

"El objeto del reglamento aquí hace que la intervención de la Corte sea aún más preocupante. Cualquier otra cosa este Tribunal puede saberlo, no tiene ni idea de cómo abordar el cambio climático. Y digamos lo obvio: lo que está en juego aquí es importante. Sin embargo, la Corte hoy impide la acción de la agencia autorizada por el Congreso para frenar las emisiones de dióxido de carbono de las plantas. La Corte se nombra a sí misma, en lugar del Congreso o la agencia experta, la que toma las decisiones sobre la política climática. No se me ocurren cosas mucho más aterradoras", escribió Kagan.

También hubo una concurrente del juez Neil Gorsuch en contra de EPA. "Cuando el Congreso parece lento para resolver problemas, puede ser natural que los del Poder Ejecutivo puedan buscar para tomar el asunto en sus propias manos. Pero la Constitución no autoriza a las agencias a utilizar las regulaciones de lápiz y teléfono como sustitutos de las leyes aprobadas por los representantes del pueblo", dijo el juez conservador.

La profesora Verónica González Rodríguez, directora de la sección ambiental de la Clínica de Asistencia legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, lamentó la decisión y dijo que es parte de "una sesión bien dura del tribunal".

"La opinión es sumamente problemática. Me preocupa mucho que se ponga una restricción severa de que se puede hacer algo contra el cambio climático desde el gobierno federal. Parece sugerir que cualquier acción significativa contra el cambio climático debe venir del Congreso e históricamente el Congreso se ha negado a hacerlo y las consecuencias de esto son devastadoras. No tenemos 100 años, 50 años para tomar acción contra el cambio climático, debemos actuar ya. No para evitar el cambio climático, sino para evitar el peor impacto y mantener condiciones que nos permitan existir", afirmó la profesora.

La ambientalista dijo que en este caso, el estado de West Virginia y otros se estaba oponiendo a que se regularan las industrias usando la sección 111 del Clean Air Act, entendiendo que EPA usaba criterios para regular emisiones que no estaban contempladas en la ley. "Entendían que el gobierno federal se estaba excediendo a sus facultades", sostuvo.

El Supremo les dio la razón a los estados en una decisión que podría tener implicaciones para todo el derecho administrativo. "La controversia central de esta decisión no es el aspecto ambiental sino cómo el Congreso delega autoridades a las agencias administrativas y cuán extensa puede ser esta delegación", dijo González Rodríguez.

Según la profesora, la opinión mayoritaria del Supremo indica que el lenguaje actual de la ley no es suficientemente específico para que actúen de la forma que lo estaban haciendo. Usando la doctrina de preguntas mayores, González Rodríguez plantea que hay instancias en las que las acciones de las agencias tienen implicaciones tan importantes, como es en el área económica, que "es necesario dudar si era la intención del Congreso que la agencia tuviera esa delegación".

"Y entendieron que no era evidente de la letra de la ley que el Congreso delegó a EPA la facultad de hacer una regla como la que hizo", afirmó.