El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva norma que elimina las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de trabajo a partir del 30 de octubre de 2025.

Según la agencia, la medida busca reforzar la verificación y evaluación de antecedentes para proteger la seguridad nacional y pública. Presentar una renovación del permiso de trabajo dentro del plazo establecido garantizaba una extensión automática de la validez del documento anterior, lo que permitía a los inmigrantes seguir trabajando legalmente mientras el gobierno procesaba su nueva solicitud.

Esta política buscaba ofrecer estabilidad y continuidad laboral a miles de personas que esperan la resolución final de sus casos migratorios. El permiso de trabajo (EAD) es un remedio provisional que permite ejercer actividades laborales mientras el gobierno evalúa de fondo solicitudes que pueden conducir a la residencia permanente, tales como asilo político, ajuste de estatus o peticiones basadas en el empleo.

Sin embargo, abogados de inmigración advierten que la eliminación de las extensiones automáticas podría generar consecuencias significativas tanto para trabajadores inmigrantes como para las empresas que dependen de su fuerza laboral.

"Esta medida, aunque presentada bajo el argumento de la seguridad, afectará directamente la estabilidad laboral y económica de miles de familias inmigrantes que contribuyen legalmente al país. El simple retraso en una renovación podría dejar a profesionales sin autorización para trabajar durante semanas o meses, generando incertidumbre y pérdidas para los empleadores estadounidenses", señaló el abogado de inmigración y fundador de CALAM Immigration Law PLLC, Jean-Paul Castro.

La regla establece que los solicitantes que presenten su renovación de EAD a partir del 30 de octubre de 2025 no recibirán una extensión automática, salvo contadas excepciones vinculadas a programas de Estatus de Protección Temporal (TPS). El DHS argumenta que la medida permitirá revisar con mayor frecuencia los antecedentes de quienes solicitan permiso de trabajo, con el fin de "detectar fraudes y remover a quienes representen riesgos".

No obstante, el abogado Castro Lamberty considera que la norma podría profundizar la carga administrativa de USCIS y agravar los atrasos existentes en los tiempos de procesamiento.

"En lugar de agilizar y modernizar los procesos, esta decisión podría provocar más demoras y aumentar la presión sobre un sistema que ya enfrenta retrasos históricos. Miles de personas podrían perder sus empleos temporalmente, aun cuando
cumplan con todos los requisitos legales, simplemente porque su renovación no fue procesada a tiempo", añadió el letrado.

El abogado también enfatizó que esta medida contradice los esfuerzos de integración laboral y económica de inmigrantes calificados y beneficiarios de programas humanitarios, señalando que "trabajar en Estados Unidos no es solo un privilegio, es una necesidad compartida que impulsa la economía y fortalece comunidades enteras".