?Líderes comunitarios, organizaciones de base, activistas y defensores del acceso a la justicia en Puerto Rico y Estados Unidos manifiestan su preocupación por la falta de transparencia y participación en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos del Community Development Block Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR). Exigen que se abran los canales de participación para garantizar que las comunidades y organizaciones de base conozcan e incidan en un proceso que afectará la planificación, desarrollo y cómo se disfruta el derecho a la vivienda en Puerto Rico. Reclaman, en específico, que se extienda el periodo para someter comentarios y que se conduzcan vistas públicas alrededor de la Isla a partir de la publicación Borrador del Plan de Acción. Estas exigencias se enviaron en una carta al Departamento de la Vivienda y el Desarrollo Urbano federal (HUD), el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, endosada por casi 70 entidades y comunidades de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Los fondos CDBG-DR son asignados por el gobierno federal -a través de HUD- para la recuperación a largo plazo luego del desastre. El gobierno de Puerto Rico es responsable de desarrollar un Plan de Acción sobre el manejo de estos fondos, usando como punto de partida la participación amplia y efectiva de la sociedad civil. Este Plan de Acción debe ir dirigido a identificar las necesidades de vivienda, infraestructura y desarrollo económico de las comunidades. La primera asignación, que se hará este año, será por la cantidad de $1.5 mil millones de dólares.

No obstante, en las vistas públicas celebradas durante el mes de marzo con el fin de desarrollar el Borrador del Plan de Acción, resaltó la falta de convocatoria adecuada y la poca participación de grupos comunitarios. La gran mayoría de las ponencias fueron presentadas por municipios y agencias. Muchas de las propuestas llevadas contemplan el desplazamiento de comunidades históricamente vulnerables, las cuales no han tenido acceso a la información sobre los procesos de CDBG-DR o los planes propuestos.

«La publicación del Plan de Acción por parte del gobierno local está programada para el 10 de mayo de 2018, con un término de 14 días para comentarios, sin vistas públicas. Este término no es suficiente para ofrecer la información y los mecanismos adecuados para que la gente participe, defienda la integridad de sus comunidades y exija una recuperación justa y equitativa después del desastre», aclaró la Lcda. Ariadna Godreau-Aubert, coordinadora de Ayuda Legal Huracán María. «Nos parece inconcebible que los municipios y agencias enfatizan en desplazar comunidades denominadas «arrabales» o «informales» y que la gente en riesgo de perder su vivienda no tenga ni siquiera la oportunidad de conocer o impugnar el proceso.» añadió.

Por su parte, la Lcda. Mariel Quiñones Mundo, también parte de la iniciativa, indicó que «en otras jurisdicciones afectadas por desastres, se ha visto cómo estos fondos pueden promover el desplazamiento de poblaciones empobrecidas, el enriquecimiento de desarrolladores inescrupulosos y promover proyectos que no se relacionan con las necesidades reales de las comunidades afectadas. Exigimos vistas públicas y un tiempo adecuado para comentar para promover una campaña amplia de educación, porque reconocemos la necesidad de que sean las personas más afectadas y vulnerables tras el huracán quienes asuman un protagónico en el diseño de su recuperación».

Ayuda Legal Huracán María, junto a las entidades firmantes, anuncian una jornada de educación, participación amplia y abogacía que llegará a distintos lugares del País aunando esfuerzos para garantizar el manejo efectivo de estos recursos. Más información sobre la agenda de actividades comunitarias y otras relacionadas a esta campaña puede encontrarse en www.ayudalegalhuracanmaria.org y sus redes sociales.