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Por Angel Ortiz Guzmán
Abogado y Notario

La participación ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento saludable de cualquier democracia. En Puerto Rico, donde el sistema político se fundamenta en el principio del «gobierno del pueblo», la inclusión de las voces ciudadanas en el proceso legislativo no es simplemente deseable sino esencial para la legitimidad democrática.

Cuando los ciudadanos participan activamente en la creación y revisión de leyes, las decisiones legislativas tienen mayor probabilidad de reflejar las necesidades reales de la sociedad, promoviendo políticas públicas más efectivas y equitativas. La participación no solo enriquece el debate legislativo con diversas perspectivas, sino que también genera un sentido de propiedad y responsabilidad compartida sobre las decisiones que afectan al colectivo.

Sin embargo, a pesar de su importancia reconocida, existen numerosas barreras estructurales, informativas y prácticas que limitan la participación efectiva y constante de la ciudadanía puertorriqueña en el proceso legislativo. Estas limitaciones debilitan el vínculo entre representantes y representados, creando un distanciamiento que afecta la calidad de la democracia en la isla.

El principal desafío y limitación para la participación ciudadana en Puerto Rico es la existencia de una relación asimétrica entre ciudadanos y legisladores, donde la comunicación efectiva ocurre principalmente durante el periodo electoral, quedando luego desplazada por la influencia de grupos de interés organizados.

Fuera del periodo electoral cada cuatro años, la comunicación entre legisladores y constituyentes se vuelve intermitente, escasa y superficial, generando un vacío que suele ser ocupado por grupos de presión con mayor capacidad de acceso e influencia.

El Capitolio es percibido por muchos ciudadanos como un espacio hermético, con procesos poco transparentes y escasos mecanismos reales para la deliberación pública, lo que disminuye la confianza y desalienta la participación.

Aunque técnicamente las sesiones legislativas son públicas, la participación ciudadana suele limitarse a un rol de observación, sin mecanismos efectivos para contribuir activamente en los debates y decisiones sobre políticas públicas.

Estos desafíos crean un círculo vicioso donde la falta de participación refuerza la percepción de distanciamiento, y esta percepción a su vez desalienta la participación futura, debilitando progresivamente los fundamentos del sistema democrático.

Por ello, la implementación efectiva de mejoras en la participación ciudadana tendría impactos significativos en múltiples dimensiones del sistema democrático puertorriqueño. Una mayor y mejor participación permite mayor legitimidad en las decisiones legislativas al incorporar diversas voces y perspectivas en el proceso de elaboración de leyes.

La participación tiene el efecto de mejorar la calidad técnica y pertinencia social de la legislación al nutrirse de los conocimientos y las experiencias directas de la ciudadanía. La participación produce ciudadanos más informados y comprometidos con el desarrollo social y político de Puerto Rico. Esto permite un aumento gradual de la confianza institucional, mientras revierte años de percepción negativa por parte de la ciudadanía.

Estos cambios no son inmediatos, sino que representan una transformación gradual de la cultura política puertorriqueña hacia un modelo más inclusivo, deliberativo y representativo de la diversidad social. El éxito de esta transformación depende tanto de cambios estructurales como del compromiso sostenido de múltiples actores sociales y políticos.

La participación ciudadana en el proceso legislativo no es un lujo democrático, sino una necesidad fundamental para que las leyes verdaderamente reflejen la voluntad y necesidades del pueblo puertorriqueño.

La participación ciudadana en el proceso legislativo constituye simultáneamente un derecho democrático fundamental y un deber cívico esencial para la vitalidad de nuestro sistema político.

Puerto Rico posee el potencial de convertirse en un referente regional de democracia participativa si logra implementar las mejoras necesarias para que la voz del pueblo sea realmente escuchada, valorada e incorporada en las decisiones que determinan el rumbo colectivo. Este proceso no es sencillo ni de corto plazo, pero representa una inversión indispensable de cara al futuro para la calidad democrática y la cohesión social del país.

El camino hacia una democracia más participativa y transparente requiere tanto de reformas institucionales, así como de un cambio cultural que valorice la deliberación pública y el compromiso cívico como pilares de la identidad puertorriqueña.

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