Por Daniel Rivera Vargas

La bancarrota del grupo hospitalario HIMA San Pablo no solo es una cuestión de dólares y centavos, sino que representa un duro golpe a la fibra social y la salud de las personas que recibían servicios de esta cadena de hospitales, según Wilbert López Moreno, profesor adjunto de la sección de Quiebra de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

En entrevista con Microjuris, López Moreno expresó también que ante el monto de la deuda estimada -$440 millones, o la más grande registrada en Puerto Rico- probablemente el deseo del grupo HIMA de reorganizarse no se pueda llevar a cabo, y el proceso termine con una liquidación, como se preveía hace algún tiempo.

«Estás dejando a cientos a acreedores pillados. Y somos un mercado limitado, el contratista de la cafetería, el de mantenimiento... esto es una muerte anunciada, todo el mundo sabía, en el negocio de hospitales, que esto podía pasar. Yo tengo médicos que desde el año pasado sabían que esto iba a pasar», indicó el letrado.

Explicó que hay dos tipos principales de quiebra: la reorganización (Capítulo 11) -que a su vez tiene varias modalidades-, donde se mantiene operando el quebrado supervisado bajo la corte de quiebras y un síndico del gobierno federal, o la liquidación, donde se venden por completo todas las propiedades del quebrado para satisfacer una fracción del monto adeudado.

El también presidente de la comisión de quiebra del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sostuvo que el anuncio de la bancarrota causará que menos gente vaya a buscar servicios a hospitales bajo HIMA porque va a existir la preocupación de que no consigan allí los servicios médicos que necesitan.

Recordó que ya ha trascendido que unas 300 personas han sido despedidas, por lo que habrá menos personal para atender las necesidades de la ciudadanía.

«La quiebra es un estigma social, por más que le digas a la gente que es un derecho constitucional de Estados Unidos, que es un proceso de reorganización financiera, no, no, el quebrado tiene un estigma en su carácter individual, imagínate cuando es en capacidad corporativa», sostuvo López Moreno.

El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, en su sección octava, cláusula 4, dispone que «el Congreso tiene el poder... de establecer una Regla Uniforme de Naturalización (inmigración) y de uniformar leyes en el tema de las quiebras a través de Estados Unidos».

López Moreno agregó que esa fue la clave para que declarara inconstitucional la llamada «ley de quiebra criolla» que, antes de PROMESA, el gobierno de Puerto Rico trató de implantar para lidiar con la bancarrota de las finanzas públicas.

«La quiebra lo que hace es darle un detente a los acreedores. (Por ejemplo) si en mayo 3 de 2017 no se radica un título 3 bajo ley PROMESA, los bonistas, los acreedores, iban a embargar al gobierno», recordó.

López Moreno habló del impacto de la bancarrota de HIMA en dos niveles. «En términos generales, el primer impacto que va a tener es los servicios de salud en los pacientes, los ciudadanos que necesitan servicios de salud. En segundo término, los empleados, los despidos, los contratistas y luego los servicios médicos», sostuvo.

En una quiebra, muchas de esas obligaciones, la regla general, es que son deudas no aseguradas, por lo tanto, aun en la reorganización el hospital no podría pagar lo que debe a todas esas personas.

Aclaró que, en el caso de los empleados, así como las deudas del gobierno, se trata de deudas no aseguradas pero prioritarias, por lo que pudieran no perderlo todo, pero ciertamente muchos no recuperarán todo lo que se les debe.

Entre esas deudas no aseguradas están los contratistas, que son desde médicos que subalquilan oficinas en el hospital, o pagan por el uso de las salas de emergencia, u otros sectores, como los que dan mantenimiento, los que preparan alimentos, los que llevan esos alimentos, y otros servicios relacionados a el periodo en el que una persona necesita estar en un hospital, explicó.

Otras deudas no aseguradas incluyen las compañías de planes médicos -a quien HIMA ha atribuido gran parte de la situación que los llevó a pedir quiebra- y el costo de las utilidades públicas como la electricidad. Las deudas aseguradas son aquellas garantizadas antes de la deuda contra propiedades del quebrado, como las hipotecas.

«Lo más que hay que enfatizar es el impacto en la comunidad que traerá la quiebra de una institución de salud. Un sinnúmero de otras instituciones depende del buen funcionamiento de un hospital, entiéndase los enfermeros, los terapistas. Esto es una cadena que va a terminar, ¿dónde?, en el paciente. Usted puede ser el más rico de los ricos, el más pobre de los pobres, pero necesita un médico, necesita un hospital», añadió López Moreno.

El profesor explicó que ya ha comenzado un proceso de numerosas etapas que opera bifurcado en dos vías: por un lado está el síndico, en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que trata de velar por el bienestar de los acreedores, y por el otro está la corte de quiebras, parte del poder judicial estadounidense.

Cuando se trata de una reorganización, el solicitante debe probar que podría reorganizarse. «(El quebrado) tiene que demostrarle al tribunal y al Departamento de Justicia que el plan de pagos que va a presentar es viable».

Es por eso que la elevadísima deuda es un reto enorme para reorganizarse, dijo López Moreno. Agregó que aún no se conoce el monto de los activos del grupo pero que eso surgiría durante este proceso que está comenzando.

El trámite incluye una serie de vistas, incluyendo una a celebrarse hoy, miércoles, donde se espera que comparezca una entidad que se ofrecería a financiar las operaciones de HIMA y se espera que algunos acreedores se opongan.

También, explicó que habrá una vista en la que se verán cara a cara los acreedores y los representantes de HIMA, una reunión del síndico con HIMA para evaluar las razones de la insolvencia y los documentos que estaría recibiendo. El síndico debe evaluar qué causó la quiebra.

Sobre su proyección de que el proceso terminará en la liquidación, aunque actualmente sea uno de reorganización, López Moreno abundó que se rumoraba los problemas de falta de dinero de este grupo de hospitales desde antes del inicio de la pandemia en el 2020. Explicó que, a pesar de ser un grupo con muchas instalaciones, se necesita que esté fluyendo efectivo para que la operación económica funcione.

«Mira por ejemplo las seis deudas de Donald Trump. Sus complicaciones son por falta de liquidez. Puedes tener tu casa, seis carros, arte, pero no puedes ir al supermercado, llevar un cuadro y pagar la compra con el cuadro. Necesitas efectivo», sostuvo.

«El grueso de las organizaciones que piden capítulo 11, de reorganización, terminan en una liquidación, porque lo que se hace es poner una máquina de respiración», sostuvo.

López Moreno entiende que todo el proceso de insolvencia de HIMA se extenderá al menos hasta el próximo año.

En el interín, se podría comenzar la venta de algunos activos. Comentó que ya hay personas interesadas en comprar el hospital de Fajardo. Agregó que algunos grupos interesados podrían ser empresas hospitalarias de Estados Unidos.

Por ahora, sostuvo lo que resta es esperar que surge de las vistas ante el síndico y el tribunal, para ver la «luz final» de lo que ocurrirá con HIMA.