Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera identifica como «hojas de ruta» los pasos dados o que entiende son necesarios y aun no se han encaminado para que pueden salir de sus respectivas crisis importantes dependencias públicas como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (Cossec).

En una serie de blogs publicados en el portal de la Junta de Supervisión, el organismo fiscal creado por la ley federal PROMESA hace un resumen desde su óptica de los planes fiscales para esas tres entidades, describe parte de sus problemas y explica cómo se tratan de solucionar.

AAA

Sus desafíos históricos incluyen la pérdida de cerca del 65% del agua que producen por problemas como tuberías rotas, pobre medición de consumo, hurto del líquido, y altos costos en las plantas de tratamiento.

Esta corporación pública ya ha logrado recortar su déficit presupuestario al simplificar su estructura de facturación y ajustes anuales de 2% sujeto a las necesidades presupuestarias.

Entre las medidas que se han tomado se encuentra el inicio de la sustitución de viejos contadores de agua por «contadores inteligentes», que entrara en una fase piloto en julio próximo.

Asimismo, el año próximo se seleccionaría una empresa para instalar estos equipos, proyecto que se financiará con $30 millones de fondos federales de FEMA.

También el plan fiscal incluye un programa de mejoras capitales a 5 años de $6.5 mil millones, que sería financiado por fondos federales, que representa «una oportunidad única» para reemplazar miles de tubos y mejorar las plantas de tratamiento.

CRIM

El plan fiscal para esta dependencia aspira a que mediante un "sistema tributario de propiedades más eficiente" esta dependencia actualice las tasaciones existentes en muchas propiedades y que se cobren impuestos a propiedades que actualmente no tributan.

«Todo sin aumentar las tasas contributivas», reza el blog del ente fiscal.

Las medidas incluyen desde una «reforma a los impuestos de la propiedad» que es parte del plan fiscal a iniciativas del CRIM cómo identificar casas a las que se le han hecho cambios que implican cambios a lo que se paga de impuestos, como construir piscinas y otras mejoras al hogar, y la creación de una nueva división interna en esa dependencia para atender el problema de las deudas contributivas que no se pagan.

Las medidas en el plan fiscal «completamente implementadas» representaran $291 millones adicionales anualmente que ayudarían a los gobiernos municipales y en estas se incluyen el reciente envío a 240,000 propiedades de notificaciones de que aún no están debidamente registradas, y que solo en eso se proyectan ingresos de $90 millones adicionales.

«Los impuestos sobre la propiedad representan la fuente más significativa de ingresos para los municipios», se indicó.

COSSEC

La Junta de Supervisión indica que hace falta legislación en varios aspectos. Por un lado, se requiere una «reforma a la gobernanza» de esta dependencia, pero que mientras tanto el gobierno y COSSEC debe implantar un Plan de Acción Correctiva similar al que se usa en la entidad estadounidense National Credit Union Administration y el Federal Deposit Insurance Corp, pero esto implicaría toma de decisiones respecto a cooperativas con problema de solvencia.

«Los retrasos en la resolución de cooperativas insolventes aumentan los costos a largo plazo del fondo de seguros de COSSEC, generando riesgos y deducibles mas altos para cooperativas solventes’, se indicó.

También la Junta de Supervisión ordena cambiar las políticas actuariales para que sean acorde con los principios Generalmente Aceptados en Contabilidad (GAAP).

Actualmente los libros de contabilidad de las cooperativas se rigen por Principios Regulatorios de Contabilidad que permiten «enmascarar» las pérdidas porque no se les exige revelar el valor en el mercado de ciertos activos. Esto también requiere legislación.

Asimismo, el plan fiscal dispone que Cossec debe aumentar su fiscalización a las cooperativas en torno a mejorar su resistencia a ciberataques y constantemente controlar el impacto de ciertos riesgos en el valor del mercado.