Por Daniel Rivera Vargas

La pugna por el mandato de vacunación a empresas privadas está tomando nuevos giros, en medio de una lluvia de demandas federales y con una versión estatal que sería presentada hoy, lunes.

La secretaria de prensa Sheila Angleró comunicó que el gobernador Pedro Pierluisi, como adelantó el pasado domingo, dará detalles al mediodía de hoy durante una conferencia de prensa de un mandato estatal de vacunación a empresas.

Pierluisi dijo hace cerca de una semana que la directriz estatal sería a empresas de 50 empleados o más, un estándar mayor que el aprobado por el presidente Joe Biden.

Pero, el mandato del presidente Joe Biden enfrenta numerosos cuestionamientos judiciales, incluyendo que un panel de jueces del Quinto Circuito de Apelaciones extendió este viernes su paralización a la entrada en vigor de unas nuevas reglas de la administración Biden para la vacunación en el sector privado, esto tras un pedido de numerosas entidades y estados de alegadas violaciones federales.

"Está claro que una denegación de la suspensión propuesta por los peticionarios les haría un daño irreparable", reza la opinión de 22 páginas.

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Hace dos viernes, en una escueta orden de tres páginas, el panel de jueces falló a favor del reclamo de un gran grupo de entidades en contra de la iniciativa de Biden, planteando que la estrategia ofrece «causa para creer que hay asuntos graves estatutarios y constitucionales» con el mandato del presidente.

Entre los demandantes se encuentran estados como Texas, cuyo procurador general Ken Paxton describe el mandato de Biden como «un abuso de poder federal".

Junto a Texas, los demandantes incluyen estados republicanos como Utah, Mississippi, Louisiana, y Carolina del Sur, empresas de corte religioso como Word of God Fellowship, Incorporated, y Answers in Genesis, Incorporated; y entidades identificadas con asuntos de familia como American Family Association, entre numerosas otras.

El mandato fue anunciado por Casa Blanca el pasado jueves 4 de noviembre como parte de una nueva estrategia federal contra el COVID-19.

Una de las propuestas era para que toda empresa con más de 100 personas empleadas vacune a todo su personal o, que aquellas que no se vacunen, presenten semanalmente pruebas negativas al COVID-19, que impactaría a 84 millones de personas, esto a través de la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés).

La segunda propuesta es a través de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para que todos las personas empleadas que participen de los programas Medicare y Medicaid estén vacunadas.

El profesor de derecho laboral de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jaime Sanabria, indicó que la acción tomada por la administración Biden es un «Emergency Temporary Standard», o norma de emergencia temporal por parte de OSHA, un mecanismo que solo ha sido usado en siete ocasiones por esta dependencia federal, y en seis de ellas ha sido invalidada por los tribunales. Además, funcionarios de OSHA habían dicho en varias ocasiones durante la pandemia que el COVID-19 no caería en su jurisdicción para ser reglamentado, aunque cambiaron su postura tras la reciente directriz del presidente Biden.

Sanabria comentó que aunque la decisión del Quinto Circuito es solo una extensión a la paralización, hay una inclinación del tribunal en contra del reglamento, a base de planteamientos de poderes delegados, de si el gobierno federal se entromete indebidamente en el marco de acción de los estados, de si se viola la cláusula de comercio por estar actuando contrario a derecho porque no hay comercio interestatal afectado, o si se violan protecciones de derecho laboral al exigirle a patronos que sus personas empleadas estén vacunadas.

El caso del Quinto Circuito que mantiene paralizada la decisión de OSHA es uno de numerosos casos que se están presentando en cortes federales de diversos estados y circuitos. Sanabria señaló que, aunque lo usual es que los casos se consoliden en el foro donde se presenta la primera demanda, también hay una opción de que cuando hay numerosas causas de acción sobre un mismo asunto en diversas jurisdicciones se celebre un tipo de lotería para determinar el panel apelativo que resuelva la controversia.

Según ha trascendido, las uniones obreras han presentado sus casos en circuitos apelativos donde hay una mayoría de su judicatura que ha sido nombrada por presidentes demócratas, por lo que el mandato de vacunación, que tiene más carga para patronos que para obreros, en una lotería puede recaer por azar ante juezas y jueces demócratas.

«Posiblemente ese reglamento de OSHA fue aprobado con el insumo de las uniones. Están protegiendo sus derechos», sostuvo.

Los tres jueces del panel del Quinto Circuito que paralizó el mandato fueron nombrados por presidentes republicanos.

Independientemente de la controversia federal, Sanabria dijo que hay que ver la acción que tome el gobernador Pierluisi.

«A los patronos en Puerto Rico, que estén pendientes pero que no salgan corriendo a aprobar reglamentos, y no hay riesgo de ser multado por OSHA», dijo Sanabria.