Por Daniel Rivera Vargas

A 8 años del impacto del huracán María, aún quedan decenas de casos pendientes en los tribunales relacionados a los daños causados por el fenómeno atmosférico, 17 de ellas radicadas en los pasados 12 meses.

El huracán María impactó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 causando pérdidas en la infraestructura, miles de reclamaciones judiciales y a las compañías de seguros, enmiendas en leyes y numerosa jurisprudencia. La temporada de huracanes en Puerto Rico comenzó el mes pasado, en junio, y se extiende hasta noviembre.

Una de las decisiones tomadas fue la orden DJ-2018- 178 de la jueza presidente Maite Oronoz asignando a jueces en cada región judicial para atender directamente los casos de estas reclamaciones, entre uno a 4 jueces por región.

Una de las juezas asignadas a estos casos, la Jueza Administradora de la Región Judicial de Ponce, Lissette Toro Vélez, dijo que los magistrados fueron escogidos por factores como experiencia con casos civiles de daños, ya sea como jueces o en su etapa anterior como abogados, para atender los miles de casos que se acumularon en reclamaciones asociadas al huracán.

Por ejemplo, algunas aseguradoras afirmaron a los ciudadanos que tenían un año para presentar su reclamación. No obstante, para septiembre de 2018, cuando se cumplía el aniversario del paso del ciclón, llegaron de repente 2,371 nuevos casos judiciales, recordó la jueza.

La jueza comentó que más casos llegaron mucho después de esos 2,371 de septiembre de 2018. De hecho, indicó que en el pasado año fiscal 2024 a 2025 se presentaron 17 reclamaciones judiciales relacionadas con los huracanes -además de Irma pudo haber reclamaciones, aunque mucho menos por el huracán Irma, que sucedió a principios de septiembre de 2017. La información oficial del Poder Judicial es que quedaban 85 demandas activas en los tribunales asociadas a los huracanes.

La razón para que se presenten casos en 2025 relacionados a un suceso de 2017 se debe a que estos casos comienzan con una reclamación al seguro, que se considera una reclamación extrajudicial, y esas reclamaciones detienen los términos prescriptivos, explicó la jueza Toro Vélez. De cualquier manera, las reclamaciones asociadas a María caerían en la vigencia del anterior Código Civil, donde las reclamaciones contractuales tenían un término de 15 años.

Muchas reclamaciones se resolvieron mediante desestimación a favor de las empresas, y otras a favor de los ciudadanos dependiendo un poco como cada juez de instancia o tribunal apelativo interpretaba una doctrina llamada pago in finiquito, donde se planteaba que como ya un ciudadano había aceptado un pago no podía hacer reclamaciones adicionales. Finalmente, el Tribunal Supremo resolvió Feliciano Aguayo v. Mapfre 207 DPR 138 (2021), que definió la doctrina de pago en estas reclamaciones de una forma que beneficiaba la posición de los asegurados.

"Entonces comenzaron a llegar las transacciones. En mi sala todos los casos se transaron", contó la jueza. "Ahora mismo en la región de Ponce lo que quedan son dos casos", añadió.

Muchos de los casos que quedan pendientes deben ser de condominios porque son más costosos en los daños y más complicado en lograr acuerdos porque se deben consultar con los vecinos antes de pactar una negociación, sostuvo la jueza Toro Vélez. 

El Supremo tuvo que intervenir en numerosos otros casos relacionados al huracán y la jueza Toro Vélez contó que resolvió uno de ellos, San Luis Apartments v. Triple S, 208 DPR 824 (2022). "Son controversias noveles que nos toca atender en última instancia, pero dilata los remedios porque las partes tienen que agotar", mencionó la jueza.

Igualmente, el efecto del huracán provocó acción legislativa, con enmiendas al Código de Seguros en diversos aspectos, como la agilidad. Según la jueza, el legislador se dio cuenta de que había un alto volumen de reclamaciones y una de las quejas mayores era lo lento del proceso. Además, crearon una causa de acción bajo el concepto de prácticas desleales, que también buscaba ser una herramienta adicional al asegurado.

Sector de seguros

Mientras, la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) dijo que la inmensa mayoría de las reclamaciones, el 99 por ciento,  fueron resueltos para las asegurados "con el pago correspondiente" y que los litigios pendientes en los tribunales se relacionan a situaciones con alguna complejidad, como condominios, pólizas comerciales con más de una estructura, en casos donde intervienen ajustadores públicos o se ha dado una cesión de las reclamaciones a entidades como fondos de inversiones.

"La industria en términos generales cumplió", dijo Pernas.

La directora ejecutiva aprovechó para exhortar a la ciudadanía a que contacte a un productor de seguros y coteje si se encuentra bien asegurado. Informó que los ciudadanos deben estar conscientes de que la inflación causada por la pandemia y la asociada por la actual administración Trump han encarecido los costos de reparación de estructuras que se afecten con un fenómeno atmosférico y las cubiertas actuales de muchas pólizas no sean suficientes para cubrir los daños que ocurran.

"No quisiéramos que surjan esas sorpresas. Quisiéramos que todo el mundo esté lo mejor asegurado posible", sostuvo.

De otra parte, la oficina del Comisionado de Seguros informó que se presentaron 303,999 reclamaciones a las aseguradoras, con desembolsos ascendentes a $7.6 billones, o el 99.8% de las reclamaciones atendidas. El 0.2 por ciento es lo que se encuentra en los tribunales, se indicó.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, explicó que el proceso usual es que un ciudadano que sufre una pérdida y si está asegurado presenta una reclamación ante su compañía de seguros. Este explicó que su oficina interviene cuando ese asegurado está inconforme con el manejo de su reclamación, y entonces se querella a OCS.

La OCS informó que atendió unas 1,985 querellas relacionadas al paso del huracán María y se impusieron multas ascendentes a $1,183,400.

Dijo que un ciudadano no está obligado a querellarse ante OCS y muchos acuden directamente al tribunal cuando están inconformes con la acción de la aseguradora.  El comisionado compartió que ellos no conceden remedios al asegurado directamente, sino que pueden imponer sanciones o multas a las aseguradoras.

Explicó el comisionado que en la ley no hay término para que un ciudadano presente una reclamación a su seguro luego de sufrido el daño, pero si se impone que una vez esta sea presentada la aseguradora resuelva la misma en 90 días, plazo prorrogable por «justa causa».

Añadió que la póliza establece que se debe presentar la reclamación "lo antes posible" luego de sufrido el daño para evitar que la propiedad siga deteriorándose si no se repara prontamente. Si no lo hace, ese reclamante «se arriesga a que la aseguradora no pague alegando que el asegurado no mitigó los daños", advirtió Adams Vega.

En el caso de María, recordó el comisionado, hubo numerosas demandas que se presentaron de repente en el día del aniversario de María, para el 20  de septiembre de 2018, porque aseguradoras dijeron que había un año luego de sufrido el daño para acudir al tribunal si tenías póliza personal.

"Es situación provocó que la mayor parte de las personas, cerca del aniversario del huracán María, ante la duda de que voy a perder la posibilidad de instar una demanda pues presentaron las demandas. Hubo un alto volumen de demandas antes del aniversario del huracán María y eso se repitió en el segundo aniversario en cuanto a las pólizas comerciales", relató.

El funcionario manifestó que lo ideal para el futuro sería establecer una cultura en el que se fomente el uso de métodos alternos, donde se diriman controversias en menos tiempo que lo que ocurre en un pleito judicial.

Adams Vega agregó que se encuentran en una fase importante de exhortar a la ciudadanía a cotejar las pólizas que tienen. Dijo que, por ejemplo, muchas pólizas no cubren el contenido de una residencia, o no protegen en caso de que entre agua por una abertura en la residencia. La OCS y las aseguradoras están trabajando en una campaña educativa para "empoderar" más al consumidor en estos aspectos.