Por Daniel Rivera Vargas

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero para muchas personas con diversidad funcional, puede convertirse en un desafío. Consciente de esta realidad, el Poder Judicial ha implementado diversas herramientas para garantizar que nadie quede excluido del sistema judicial. 

Tabletas lectoras para personas ciegas, amplificadores de sonido para quienes tienen dificultad auditiva e intérpretes de lenguaje de señas son solo algunos de los recursos disponibles en los tribunales como parte del Programa de Accesibilidad del Poder Judicial.

Según el reporte del Estado de Personas con Diversidad Funcional en Puerto Rico para el 2018, preparado por la Universidad de Cornell, el porcentaje total de la gente con diversidad funcional de todas las edades en PR fue 21.7 por ciento, o unas 687,000 de la población total estimada en 3,173,200.

La coordinadora del Programa de Accesibilidad del Poder Judicial, la licenciada Liani Cabán Reyes, dijo que la meta del Poder Judicial con este programa es que se respete la dignidad y la independencia de las personas con diversidad funcional, facilitando que los tribunales y sus dependencias cumplan con las leyes federales y locales aplicables a los derechos de las personas con diversidad funcional; y coordinar las modificaciones razonables necesarias.

Además de asistir en el servicio directo a las personas con diversidad funcional, el programa tiene entre sus funciones apoyar y asesorar a la judicatura y sus empleados en cuanto a los acomodos razonables alternos para esos ciudadanos, recomendar los equipos de asistencia tecnológica y de otra naturaleza que son necesarios, y hacer pruebas periódicas de accesibilidad del portal cibernético para eliminar las barreras de accesibilidad en las diferentes plataformas electrónicas del Poder Judicial, entre otros.

Señaló que el programa impulsa adiestramientos para empleados con el fin de atender adecuadamente a esta población, además de ofrecer orientaciones a jueces y alguaciles para sensibilizarlos y capacitarlos en buenas prácticas. También abarca la adquisición y mantenimiento de equipos esenciales, como tabletas que permiten a una persona ciega leer documentos o dispositivos que convierten en voz las respuestas escritas por quienes tienen dificultades para hablar.

Los intérpretes de lenguaje de señas no forman parte de la plantilla del Poder Judicial, sino que su servicio es provisto por una empresa subcontratada cuando es requerido.

Las personas con diversidad funcional incluyen aquellos con limitaciones de movimiento. La licenciada dijo que el Poder Judicial busca eliminar cualquier barrera arquitectónica que enfrenten las personas con diversidad funcional en sus dependencias. «Es un proceso continuo, nunca dejamos de evaluar y ciertamente hay espacio para mejorar».

Como norma general, una persona con diversidad funcional debe solicitar una ayuda, para que se le pueda proveer, explicó.

«Sin duda hay que seguir trabajando para divulgar que tenemos los servicios disponibles. Nuestra experiencia es que los ciudadanos se sorprenden con que tengamos estos equipos, que tengamos estas ‘ipads’, estas tabletas, tratamos de evaluar los servicios, de recoger las impresiones, y la impresiones que recibimos es que son positivas», aseveró Cabán Reyes.

Para la solicitud por escrito la persona puede completar el formulario Solicitud de Servicios de Intérprete, Acomodos Razonables y Grabación en Video (OAT 1948) y debe especificar el servicio o equipo que mejor atienda su necesidad.