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Recientemente la Gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 129-2025, para enmendar la Ley del Voluntariado de Puerto Rico a los fines de autorizar a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a investigar y procurar fondos federales disponibles que permitan la participación de adultos mayores en programas de voluntariado en el servicio público.

La medida se inserta en un marco de política pública que reconoce a las personas adultas mayores como un activo valioso para el desarrollo económico y social del país, y promueve su integración a la fuerza laboral mediante actividades voluntarias que fortalecen tanto las comunidades como las instituciones públicas.

Descarga la Ley 129-2025

La intención legislativa expone que que las decisiones de política pública contemporáneas requieren estrategias innovadoras para enfrentar los retos económicos y sociales de Puerto Rico. En este contexto, se destaca la importancia de integrar a los adultos mayores que han dedicado sus mejores años al servicio público y privado, reconociendo su experiencia, memoria histórica y capacidad profesional como recursos clave para el progreso económico del país.

Se reconoce también que estas personas deben tener la oportunidad de participar en actividades lucrativas o voluntarias, de acuerdo con su profesión, oficio o habilidad manual, sin más limitaciones que aquellas derivadas de condiciones físicas o mentales declaradas por autoridad médica o legal competente. De esta forma, se procura garantizar los derechos reconocidos en la Carta de Derechos a Favor de los Adultos Mayores y permitir que esta población continúe aportando al desarrollo y progreso económico de la Isla.

La ley establece el marco para programas de voluntariado de adultos mayores

La Ley 29-2025 establece que los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico están autorizados a establecer programas de voluntariado en el servicio público, de conformidad con el concepto de voluntariado definido en la Ley 261-2004, "Ley del Voluntariado de Puerto Rico". Con la enmienda introducida se refuerza esta facultad al incorporar un mandato específico dirigido a impulsar programas de voluntariado orientados a adultos mayores, reconociendo su potencial para nutrir la fuerza laboral mediante el servicio voluntario.

La ley establece también que, para promover la creación y sostenibilidad de estos programas, las entidades gubernamentales deberán propiciar la realización de alianzas con organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas o públicas. A tales fines, se autoriza expresamente a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a investigar y procurar los fondos federales disponibles que permitan lograr los objetivos de la medida. Esta disposición busca asegurar que los programas de voluntariado cuenten con recursos suficientes y que se maximice el aprovechamiento de las oportunidades de financiamiento externo.