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Impulsarán reflexión sobre el lenguaje claro y los retos éticos de la abogacía

23 de octubre de 2025
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Por Valeria Alicea Guzmán

Ante el inicio del XI Congreso de Academias Jurídicas de Iberoamérica que se celebra en Santo Domingo esta semana, el licenciado Carlos Ramos González destacó que abordará la necesidad de implementar el  lenguaje claro en el quehacer político y jurídico de Puerto Rico.

"Tengo mucho interés en hablar sobre promover en el país, particularmente ante las autoridades públicas, lo que se conoce como lenguaje claro. Que las normas, reglamentos, leyes y decisiones del Tribunal Supremo contengan un lenguaje que nosotros, las personas afectadas por él, podamos comprender", expresó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en entrevista con Microjuris.

Sigue la cobertura de Microjuris del evento XI Congreso de Academias Jurídicas Iberoamericanas

El profesor subrayó que el uso del lenguaje claro —una iniciativa que impulsa la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación— es esencial para fortalecer la democracia y el acceso a la justicia.

"El uso del lenguaje claro en las autoridades públicas es un elemento esencial de la democracia. Si el lenguaje no es claro se presta para la mentira, la desinformación y  el abuso de poder", afirmó.  

Añadió que recientemente se estableció, desde la Real Academia Española, una red para fomentar el lenguaje claro como parte de una agenda de trabajo internacional. En Puerto Rico ya se han unido entidades como el Poder Judicial, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, la Politécnica, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y Servicios Legales de Puerto Rico.

Ramos González comentó que estas instituciones, se reunirán próximamente para definir proyectos concretos que impulsen el uso de un lenguaje jurídico accesible, transparente y comprensible para toda la ciudadanía.

Aunque no presentará una ponencia formal, Ramos González explicó que esta mesa de discusión se caracterizará por un intercambio abierto entre juristas, quienes reaccionarán a las presentaciones de los ponentes principales, entre ellos el presidente de la  Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Antonio García Padilla.

Nuevos retos

Por su parte, el licenciado Arturo L.B. Hernández González de la firma Pietrantoni Méndez Álvarez compartió que moderará una mesa de trabajo centrada en los retos emergentes de la profesión legal.

Hernández González resaltó que se abordarán temas como la inteligencia artificial y su efecto en la práctica del derecho, el uso de las redes sociales como herramienta de visibilidad profesional y las amenazas que representan la corrupción, la instrumentalización del derecho y las presiones políticas y mediáticas para la independencia judicial y ética de los abogados.

"Este tipo de actividad sirve de puente con comunidades jurídicas y también creo que propicia una reflexión de temas que cada vez van a ser más importantes para los abogados y operadores jurídicos en nuestro sistema como la tecnología, cómo las aptitudes profesionales del abogado van cambiando para atemperarse a los desarrollos tecnológicos y que responsabilidad profesiones tanto éticas como de otro tipo nos obliga a enfrentarnos a ese tipo de situaciones". 

De igual forma, indicó que es un espacio de reflexión que no se da forma regular en Puerto Rico. No obstante, el licenciado aseguró que es relevante este tipo de conversación considerado la pronta entrada en vigor de las nuevas Reglas de Conducta Profesional

"Reflexionar sobre cómo se perfila el abogado del siglo XXI y conocer cómo otras jurisdicciones enfrentan estos retos propicia el intercambio de ideas en un momento de cambios rápidos y significativos para la profesión".

La actividad se celebrará del 23 al 26 de octubre en el hotel Embajador. El evento cuenta con dos academias anfitrionas: la de República Dominicana y la de Puerto Rico. Asimismo, será transmitido simultáneamente por los canales de YouTube de Microjuris, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Poder Judicial de la República Dominicana y Tirant Lo Blanch.

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