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Organizaciones que representan el sector manufacturero en Puerto Rico se expresaron ayer lunes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sobre su rechazo a una medida que persigue atender la transición a un nuevo régimen contributivo para las entidades sujetas al ordenamiento de la Ley para Establecer un Impuesto a las Corporaciones Foráneas.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1367, que, al igual que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de la Cámara 1345, establece un régimen contributivo con una tasa de contribución sobre el ingreso de desarrollo industrial (IDI) de 10.5%, el cual podría aumentar a 15% bajo ciertas circunstancias. 

Pese a que el Departamento de Hacienda recomendó la continuación del trámite legislativo únicamente del Proyecto de la Cámara 1367, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, en inglés) presentaron ponencias en "total desacuerdo" con la política fiscal propuesta en la pieza.

El presidente de la AIPR, Carlos Rodríguez, explicó que el Proyecto de la Cámara 1367 causaría que varias de las empresas sujetas a la Ley 154 resulten con cargas impositivas menores por potencialmente cientos de millones de dólares.

Asimismo, afirmó que, de aprobarse la medida, aumentaría sustancialmente la carga impositiva a unas pocas empresas "en forma tal que estas subsidien la pérdida de recaudos en otras". 

"El cambio de un régimen que ya ha discriminado contra ciertos tipos de empresas ahora será cargado artificialmente hacia un grupo todavía menos de empresas para mantener el sustento de recaudos gubernamentales. Eso solo no es equitativo, sino que agudiza la deficiente política fiscal establecida ya por la Ley 154", sostuvo Rodríguez.

Actualmente, las entidades sujetas al régimen de la Ley 154 acreditan un arbitrio -que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000- contra sus obligaciones contributivas bajo el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos.

En su ponencia escrita, AIPR solicitó que se añada en ambos proyectos un lenguaje que contemple la posibilidad de que haya cambios contributivos fuera de Puerto Rico, que le pudiesen permitir a la isla aumentar sus tasas contributivas. 

"Nos referimos a potenciales enmiendas a las disposiciones del GILTI (Global Intangible Low Taxed Income) en el Código de Rentas Internas Federal y cambios que se contemplan como parte de iniciativas internacionales fomentadas por la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)", indicó Rodríguez.

Con los señalamientos de Rodríguez coincidió el vicepresidente de operaciones de la PIA, Rafael Castro, quien destacó que la legislación propuesta bajo el P.C. 1367 está basada en un modelo que solo contempla cuatro posibles escenarios y que no provee para un límite máximo de carga contributiva. Además, no proporciona exenciones ni créditos en el contexto de las contribuciones sobre las regalías.

"Recomendamos que la legislación incluya unos términos administrativos más estrictos, similares a los que fueron propuestos en el P.C. 1345, de forma tal que podamos asegurar que, una vez aprobada la legislación, recibamos la aprobación del Tesoro Federal para tranquilidad de aquellas empresas sujetas a tributación de los Estados Unidos", dijo Castro. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) igualmente mostró preocupación con la fórmula propuesta en el P.C. 1367, pues algunos de sus socios han destacado que los cuatro renglones resultan "demasiado onerosos" y podrían afectar las inversiones futuras de estas empresas en la isla.