Por Daniel Rivera Vargas

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) determinó deficiencias por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en el manejo de las ayudas para desastres tras el paso del huracán María por Puerto Rico

Entre los señalamientos medulares se encuentra que FEMA otorgó $6.4 millones fondos federales a seis entidades a base de estimados, cuando debía ser a pagos reconciliados con costos reales.

Asimismo, a FEMA le faltaban documentos de esas entidades por un total de $10.7 millones, no pudo dar garantías de que sucedió con $17.1 millones para 8 proveedores y si usaron el dinero en necesidades para el manejo del desastre en la Isla. Tampoco pudo demostrar el uso adecuado de $47.9 millones, aumentando el riesgo de fraude.

«FEMA no administró fondos del programa de administración del caso de Puerto Rico conforme las regulaciones federales y los requisitos del programa», reza el documento de 30 páginas, que no identifica a los proveedores.

Según el OIG, el problema estuvo en que la agencia federal, luego de que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico declinara manejar los fondos por tener «recursos limitados», optó por manejar $72.8 millones en ayudas mediante acuerdos colaborativos con nueve organizaciones no gubernamentanles, pero FEMA carecía de controles adecuados, no tenía políticas escritas y de procedimientos para supervisión cuando el estado no es el recipiente de la ayuda.

Parte del problema estuvo en ese rol dual, de ser quien daba el servicio y a la vez tenía que supervisar. «La administración de FEMA del PR-DCMP implicó algunas desviaciones del proceso estándar de administración del programa. FEMA, la agencia adjudicadora, era al mismo tiempo la agencia de gestión y de supervisión», sostiene el informe.

Entre los gastos que no se pudieron sustentar con la documentación de los proveedores se encuentran $105.308 en gastos de telefonía celular, $67,378 en millaje, $127,875 en alquileres, entre otros.

El informe se divulga a poco más de cinco años de María, un huracán casi categoría 5 que dejó una estela de devastación en la Isla sin precedentes, y en momentos en que el país vive un nuevo desastre, esta vez con el paso del huracán Fiona, principalmente por la zona sur y suroeste de la Isla.

«Más de 1 millón de residentes de Puerto Rico se registraron para FEMA IA (asistencia individual), y se identificaron importantes necesidades insatisfechas en toda la isla, incluida la escasez de vivienda; aumento del desempleo; acceso a alimentos asequibles, suministros médicos, recetas y salud mental y conductual; y continuos impactos en la infraestructura», sostiene el informe.

OIG informa que estará trabajando en el próximo año para ver "la continua asistencia pública" de FEMA en la isla en respuesta a lo ocurrido durante Maria.

El OIG hizo tres recomendaciones principales tras la evaluación, aunque FEMA no las acepta: revisar toda la documentación relacionada con los $65 millones en rembolsos, que se establezcan políticas claras para casos en los que el estado no administra los fondos de recuperación, y que se establezcan controles internos futuros para prevenir fraude.

Se informó que el informe será entregado a comités congresionales con jurisdicción sobre la agencia de manejo de emergencias.

El ABC para entender una declaración de desastres