Ante la marcada evidencia de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) no ha cumplido desde hace 15 años con el mandato del Congreso de proporcionar apoyo al fondo de servicio universal federal de la Isla para asegurar que todos los residentes, particularmente de zonas rurales, tengan acceso a servicios como cable e Internet, el Senado recibió esta semana un informe final de la Resolución del Senado 2104, de la autoría del Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que recomienda exigir a la FCC no reducir las ayudas federales y fomentar la libre competencia de compañías que ofrezcan estos servicios.

Según el informe, Puerto Rico tiene la peor penetración telefónica y de servicios de banda ancha en Estados Unidos. «Los altos costos de construcción y la falta de competencia efectiva inciden en que los proveedores existentes no inviertan en los sectores apartados y menos rentables de sus áreas designadas», se indicó.

La adopción de banda ancha en Puerto Rico está en un 34%, mientras que en Estados Unidos es de 67%.  Además, el informe sometido por las senadoras Melinda Romero Donnelly y Lornna Soto Villanueva, recomienda que el Gobierno provea y mantenga la infraestructura necesaria para llevar acceso de cable e Internet a la zona rural y legisle para que los ciudadanos disfruten del concepto Net Neutrality, a través del cual se le prohíbe a los proveedores de Internet a que restrinjan el uso de dicho servicio a sus clientes, como es el caso de las empresas que facturan dinero adicional si los clientes exceden el uso de gigabytes, lo que representa «una penalidad al consumidor porque en vez de fomentar el uso del Internet lo castiga». También, el hecho de que el mercado del cable tv esté controlado por tres compañías principales, que tienen divididas de forma geográfica la operación de servicios sin interferir una con la otra, provoca que por «los altos costos de construcción y la falta de competencia efectiva incidan en que los proveedores existentes no inviertan en sectores apartados y menos rentables» porque los costos de operación aumentarán «significativamente» si se toma en cuenta la transportación de materiales y equipo necesario de construcción, los costos de operación asociados a la topografía de Puerto Rico y los costos operativos asociados al factor climatológico.

En audiencia pública Internet Society of Puerto Rico (ISOPR) argumentó que a pesar de que en la Isla aproximadamente entre el 45 y el 50 por ciento de la población lo utiliza, la razón principal para que las compañías de cable no ofrezcan su servicio en la zona rural «es por el alto costo de llevar y mantener dichos servicios». Asimismo, la empresa informó que con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) y la industria privada está desarrollando un «plan estratégico» para aumentar a un 100 por ciento, en el 2020, la adopción de banda ancha que actualmente está en 34 por ciento.

El Séptimo Informe de Banda Ancha de la FCC revela que casi tres cuartas partes de la Isla no tiene servicio de banda ancha de sobre tres megabits por segundo bajada y 768 kilobits por segundo de subida en comparación con el 8 por ciento del resto de la población estadounidense, que cuentan con velocidades de banda ancha superiores.

Mientras tanto, según el informe, Claro de Puerto Rico admitió que en la Isla «existe una marcada diferencia entre aquellos que poseen los medios para acercarse a la tecnología en las zonas urbanas y aquellos que poseen los medios para acercarse a la tecnología en las zonas urbanas y aquellos que por su limitación económica en disminuidas posibilidades de desarrollo profesional e individual». Sin embargo, la empresa declaró que la FCC debe tratar a Puerto Rico como una zona insular con diversas características y no como un área urbana de alta densidad poblacional porque utiliza modelos económicos que «ignoran» las necesidades y características
de la Isla.

«La FCC ha ignorado las necesidades en el área de comunicaciones de los puertorriqueños. Con respecto a los servicios de telefonía fija, Puerto Rico es uno de solo siete estados y territorios que no reciben fondos del alto costo para el bucle (high cost loop support) de los fondos existentes bajo el Fondo de Servicio Universal Federal… porque no ha adoptado un mecanismo de apoyo para las zonas insulares, dejando a Puerto Rico sujeto a un mecanismo de alto costo que está orientado a Estados Unidos y el cual ha sido modificado para eliminar el dinero que Puerto Rico
solía recibir del Fondo», declara el Informe.

Mediante la Ley 101 del 28 de julio de 2010, la Asamblea Legislativa encomendó a la JRT establecer un Centro de Acceso de Internet en los municipios que no tengan uno e implantar acceso inalámbrico gratuito en plazas públicas municipales mediante tecnología Wi-Fi con el objetivo de que la ciudadanía tenga un acceso amplio a una amplia red de información digital «en igualdad de condiciones para reducir la brecha digital en la Isla». Ya algunos municipios han adelantado este desarrollo tecnológico.