Por María Soledad Dávila Calero

Esta semana comenzaron las vistas para discutir cambios en la Constitución de Puerto Rico con una prioridad: evaluar el proceso de evaluación y nominación de la judicatura.

"Es urgente evaluar la manera en que se realizan los nombramientos y si eso requiere la revisión de la Constitución o modificación de unas cláusulas para que no quede en mano de o al arbitrio de una sola persona el nombramiento y evaluación de los jueces actuales o candidatos", dijo  a Microjuris el representante Orlando Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico y es miembro de la Comisión para la Evaluación del Derecho Constitucional.

Aponte Rosario explicó que «es fundamental que se cambie ese modelo de nombramiento de jueces, que sea uno más efectivo, que sea menos arbitrario, que vaya más a los méritos de los candidatos, no a su afiliación política».

Nombramientos fuera del ejecutivo

Las preocupaciones más grandes para Aponte Rosario en el sistema actual de nombramiento de candidatos y evaluación de jueces es que se presta para un análisis subjetivo y partidista, ya que los jueces son nombramientos políticos hechos por la gobernación y no hay unos criterios cuantitativos que se requieran cumplir para evaluación.

«Yo no quiero adelantar cuál exactamente va a ser la forma y manera, pero sí veo con buenos ojos, cualquier cambio. Que no sea, por ejemplo, como está ahora, que el gobernador de turno establezca quienes son sus candidatos a base de la afiliación política, no a base de los méritos, de la cantidad de preparación», dijo el representante.

Aunque el representante dijo que no quería cerrarse a opciones, está abierto a la posibilidad de que los nombramientos y las evaluaciones vengan de una academia jurídica, que cuente con representación de las escuelas de Derecho de Puerto Rico, así como del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

«En el sistema de evaluación se tiene que tomar en cuenta la cantidad de casos que resuelve, la frecuencia o la prontitud con la que lo resuelve, la cantidad de veces que han sido revisadas sus determinaciones y cuántas de ellas han sido revocadas», dijo Aponte Rosario quien añadió que para nuevos nombramientos hay que mirar elementos como sus publicaciones en temas de derecho.

Cambios a la ley

Además de auscultar posibles enmiendas constitucionales, como presidente de la Comisión de los Jurídico, Aponte Rosario también está en proceso de evaluar proyectos de ley que buscan enmendar tanto la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, como la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces.

Sobre enmiendas a esta última, está bajo consideración de la Comisión de lo Jurídico el Proyecto de la Cámara 841 para devolverle al Colegio de Abogados y Abogadas la participación activa en el proceso de evaluación de jueces tanto para la nominación, renominación y asenso.

Otro tema que Aponte Rosario criticó fue la Ley 121 de 2017, que enmendó la Ley de la Judicatura para aumentar el término a 16 años para los nombramientos de los jueces por entender que, si bien los jueces deben estar exentos de los vaivenes eleccionarios, también debe haber una rendición de cuentas más regular.

Aponte Rosario argumentó que el término es extenso. «Es un cheque en blanco para que haga y deshaga, y resuelva sin estar sometido al rigor de una evaluación de su trabajo».

Dentro de la discusión de la redición de cuentas, el presidente de la Comisión de los Jurídico indicó que también es importante hablar de transparencia y acceso a los procesos judiciales por lo que el Proyecto de la Cámara 522 busca "que los procesos judiciales tanto civiles como penales sean transmitidos en vivo a través de mecanismos digitales".