Por Daniel Rivera Vargas

El juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, le dio luz verde a que el monitor federal de la Policía de Puerto Rico ofrezca asesoría día y noche —las 24 horas— al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, durante la activación de la Guardia Nacional para frenar las violaciones a la más reciente orden ejecutiva sobre el COVID-19.

Descarga la orden judicial federal

«La Corte toma conocimiento judicial de la orden ejecutiva de la gobernadora, con vigencia el lunes, 16 de octubre de 2020. En un esfuerzo por frenar drásticamente los abusos de ciudadanos irresponsables y negocios en violación de las diversas disposiciones de dicha Orden Número 80, la Guardia Nacional de Puerto Rico ha sido desplegada para apoyar a la Policía», sostuvo el juez en declaraciones escritas.

La activación de la Guardia Nacional es parte de la más reciente orden ejecutiva contra el COVID-19, la enfermedad que desde marzo ha matado a sobre 900 personas y que mantiene a cientos de personas hospitalizadas en Puerto Rico.

La orden ejecutiva reduce la cantidad de personas que pueden estar en lugares como restaurantes e iglesias, restringe el uso de espacios como la playa y ordena a la Guardia Nacional dar apoyo a la Policía en las labores de intervención por violar esa directriz.

Un resumen de la nueva Orden Ejecutiva 2020-80

«La Guardia Nacional no realizará la actividad policial tradicional. Ante esto, la Corte ha instruido al monitor de la Corte Federal y al Magistrado Especial, así como sus respectivos equipos, para estar inmediatamente disponibles las 24 horas del día para proporcionar asistencia técnica, asesoría y apoyo a la secretaría de Seguridad Pública y al comisionado de Policía, así como el Ayudante General. Además, el Monitor asignar a miembros de su equipo para observar debidamente el despliegue de la Guardia Nacional y su interacción con la Policía», continúan las declaraciones escritas.

Las declaraciones de Gelpí sostienen que el monitor ha conversado con el Departamento de Seguridad Pública.

La orden ejecutiva que permite la participación de la Guardia Nacional en los esfuerzos por controlar el COVID-19 destaca que las personas que se activen no intervendrán en acciones inherentemente policiacas como:

• arrestos
• registros
• imposición de multas administrativas
• imposición de multas penales

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