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La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó realizar una investigación legislativa para identificar la reglamentación vigente, si alguna, en torno al control de las vibraciones producidas por ciertos eventos musicales llevados a cabo en coliseos, salas de conciertos u otras localidades y los efectos que dichas vibraciones pudieran tener en la salud física y mental de los residentes en las zonas aledañas a tales actividades.
Se desprende del texto de la Resolución de la Cámara 961 que, residentes de sectores y comunidades aledañas al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot han denunciado que en los últimos años los ruidos y las vibraciones ocasionadas por los espectáculos musicales que se dan en dicho recinto han deteriorado gradualmente su salud física y mental.
Afirman que a pesar de haberse comunicado en repetidas ocasiones con los administradores de la localidad, alegadamente el problema persiste.
La medida cita artículos de carácter científico y señalamientos pronunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a los posibles efectos secundarios que un problema similar a éste pudiese generarle a los ciudadanos. Destaca también en su exposición de motivos un caso ocurrido en Cataluña en el año 2016 en donde un Tribunal Superior de Justicia anuló una licencia otorgada para la celebración de un festival de música basado en el derecho al descanso de los vecinos y a no tener que sufrir las molestias ocasionadas por el ruido excesivo que generaba, ordenando, inclusive, el pago de una indemnización a los vecinos afectados por estos ruidos.
De igual forma, señala que en Puerto Rico, según el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos (Reglamento 8019, 2011) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientaltes (DRNA) establece que «ninguna persona operará o permitirá la operación de cualquier artefacto que genere vibraciones causadas por ondas sonoras o presión de sonido que puedan percibirse sin instrumentos, o que esté sobre los límites de percepción de una persona, en o más allá de los límites de cualquier propiedad contigua a la fuente originadora.»
La pieza legislativa, de la autoría del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez Lebrón, solicita a las comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, y la de Salud rendir un informe final sobre los hallazgos de la investigación.