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El Comité de Enmiendas a la Ley 10, bajo el mandato de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces (JCVEBR), anunció el inicio de la segunda etapa del proceso de modernización del marco legal que regula la industria inmobiliaria en Puerto Rico. Esta fase consiste en la celebración de audiencias públicas presenciales en San Juan y Ponce, diseñadas para recibir comentarios y sugerencias adicionales sobre el ordenamiento vigente.
Desde el otorgamiento de su mandato el 16 de julio de 2025, el Comité ha ejecutado un cronograma de consulta que incluyó la circulación de formularios técnicos entre el 31 de octubre y el 15 de diciembre de 2025. Durante este periodo, se analizaron y tabularon las recomendaciones de los participantes, proceso que concluyó el 10 de abril de 2026. La gestión ha contado con diez reuniones formales del Comité, debidamente protocolizadas, y sesiones de trabajo con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y otras dependencias gubernamentales.
Las audiencias públicas tienen como objetivo integrar las voces de aquellos profesionales y ciudadanos que no participaron en la etapa de consulta digital. El calendario establecido es el siguiente:
| Fecha | Localización | Horario |
|---|---|---|
| 7 de mayo de 2026 | Auditorio del Departamento de Estado, San Juan | 9:00 am – 12:00 m |
| 22 de mayo de 2026 | Salón de la Legislatura Municipal, Ponce | 9:00 am – 12:00 m |
En el encuentro de San Juan se ha confirmado la presencia del presidente de la JCVEBR, Miguel A. Mercado, el Secretario del DACO y la Secretaria de Estado, junto a los miembros del Comité de Enmiendas, quienes supervisarán la toma de deposiciones.
Registro San Juan
Registro Ponce
Tras la culminación de las vistas en mayo, el Comité entrará en su tercera etapa de compilación. Se proyecta que para agosto de 2026 se presente el informe final y el paquete de enmiendas al oficial gubernamental designado. Este documento servirá como base para el proyecto de ley que será sometido a la Asamblea Legislativa, buscando actualizar las disposiciones de la Ley 10 conforme a las realidades actuales del mercado de bienes raíces y la protección al consumidor.