Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera dio su aval a la creación de una nueva oficina investigativa dedicada a la evaluación de contratos gubernamentales, pero pidió que se tomen medidas adicionales para evitar malos manejos en la contratación pública.

La llamada Oficina de Investigaciones Especiales es una nueva división dentro de la Administración de Servicios Generales (ASG). La dependencia pública atiende parte de la contratación pública del gobierno con empresarios, grupos o profesionales en el sector privado.

La ASG informó a la Junta de Supervisión de la creación de esta oficina mediante las recientemente aprobadas "regulaciones uniformes para subastas de bienes, trabajos y servicios", esto junto a otras medidas internas en esa dependencia, actualmente administrada por Karla Mercado Rivera.

Además de la oficina, las regulaciones contemplan otras herramientas adicionales en protección de la contratación pública, como que toda compra realizada sin el aval de la ASG será considerada nula, aclarar servicios que se consideran no profesionales, que serán prohibidos las enmiendas a contratos sin previa aprobación de la ASG un requisito de informes periódicos para ciertas compras y subastas y la posibilidad de imponer multas de hasta $5,000. 

Mediante misiva de cuatro páginas del pasado 5 de febrero y firmada por el director de la Junta de Supervisión,  Robert F. Mujica Jr., el organismo creado por la ley federal PROMESA elogió la creación de la nueva oficina de investigaciones.

Esta oficina tendrá autoridad "para supervisar, investigar e intervenir con agencias gubernamentales y entidades exentas para hacer cumplir el cumplimiento (con las regulaciones de contratación)".

Pero, a pesar de lo prometedor de la oficina y las regulaciones, "no se atienden todas las debilidades sistémicas en la contratación gubernamental".

"Hay tres áreas claves que requieren legislación para ayudar a restaurar la fe pública en el proceso de contratación gubernamental", afirmó la carta de la Junta de Supervisión.

El primero de los cambios que se propone es una enmienda a la ley orgánica de ASG, la ley 73 de 2019, para eliminar las categorías de entidades exentas y excluidas y de esta forma centralizar todo el proceso de subastas.

Segundo, la Junta de Supervisión sugiere exigir que toda contratación relacionada a servicios profesionales -como los de abogados- sea mediante competencia abierta, cuando en la actualidad esos procesos no son exigidos en contratos de menos de $250,000.

Tercero, el órgano de la ley federal PROMESA sugiere establecer un nuevo modelo para alquilar bienes inmuebles. "No hay requisitos robustos de competencia en procesos de subastas, resultando en un mínimo control y de guías para extensiones de alquiler o enmiendas".