Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Daniel Rivera Vargas

El juez Anthony Cuevas Ramos, de la Sala 904 en el Centro Judicial de San Juan, ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que entregara los documentos solicitados mediante pleito judicial por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) con relación a la información que el gobierno estatal entregó al gobierno federal sobre personas indocumentadas.

"Siendo la transparencia y el acceso a la información el oxígeno de nuestra democracia, y en ausencia de un interés apremiante que justifique el denegar el acceso a la información a la ciudadanía, la Peticionada no puede mantener bajo el manto de la confidencialidad la información solicitada", expresó el juez en la sentencia.

Durante la vista, el juez que atiende recursos extraordinarios dijo que la agencia podría tapar información que se pudiera considerar confidencial, pero que tenia cinco días para entregar la información, o se expone a una imposición de desacato.

En la sentencia de 12 páginas, el juez expresa que retiene jurisdicción del caso para asegurarse el cumplimiento de su orden.

Lee y descarga la sentencia aquí

Según lo ordenado, el DTOP debe entregar todo requerimiento de información (subpoena duces tecum) emitida por el Department of Homeland Security (DHS), y/o cualquiera de sus agencias, inclusive: Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), entre otras, desde el 20 de enero de 2025 hasta el 7 de noviembre y también copia de toda la información entregada por su agencia para cumplir con el requerimiento de información.

La ACLU expresó  satisfacción con lo resuelto relacionado a la entrega del alegado subpoena de ICE que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes. 

«Con esta victoria, la ACLU de Puerto Rico reafirma su compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas que vivimos en nuestro archipiélago. El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental», afirmó en declaraciones escritas la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. 

Mediante comunicado de prensa, la organización recordó que presentó a principios de octubre una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregara de manera inmediata documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.

«El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos», subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y quien argumentó el caso en nombre de la organización durante una vista el pasado jueves. 

El DTOP, representado por el Departamento de Justicia, intentó defender en sala un «interés apremiante» en proteger como confidencial el alegado subpoena que recibió la agencia sobre la información de los inmigrantes, planteando que dicha solicitud era parte de una presunta investigación que podría beneficiar al Estado en materia de seguridad pública. 

Según la ACLU, la acción del Gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no fuera utilizado con fines migratorios y que propenden al discrimen. Desde enero de este año hasta el mes de octubre, el ICE había arrestado al menos 1,236 personas inmigrantes, dijo la organización.