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La Junta de Supervisión y Administración Financiera aún no ha tomado una decisión con respecto a una petición del gobierno de Puerto Rico para extender hasta el 30 de junio la evaluación para derogar o enmendar la Ley Núm. 10-2024 que modifica las funciones del Negociado de Energía.
Silvette Santiago, portavoz de la Junta de Supervisión, dijo a Microjuris que recibieron la petición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) el 7 de mayo y que aún se encuentran evaluándola.
La Junta había dado hasta el 7 de julio para que se presentara un proyecto derogando la Ley 10, relacionada a la medición neta, o la posibilidad de los ciudadanos de venderle electricidad a LUMA Energy.
El argumento de la Junta del pasado 2 de mayo, similar al que hizo mediante una carta del 10 de abril, es que la reciente Ley 10 enmienda las facultades del Negociado de Energía al punto de que no podría realizar un estudio relacionado a este mecanismo hasta el 2031.
"Si el Gobernador y la Legislatura no derogan o modifican la Ley 10, la Junta de Supervisión, que se reserva todos sus derechos, tomará las medidas que considere necesarias, incluido el inicio de un litigio para anular la Ley 10", expresó la Junta en su carta del 2 de mayo.
La Junta entiende que la Ley 10 debilita al Negociado de Energía, y que un Negociado fuerte es indispensable para poder fiscalizar el tema energético en Puerto Rico.