Junta de Supervisión advierte a alcaldes por aplicar leyes objetadas bajo PROMESA

03 de junio de 2026

NOTICIAS , PROMESA | Daniel Rivera Vargas , Gobierno Central , Municipios , NOTICIAS , PROMESA , Relaciones Federales

La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) reprendió a alcaldes del país por utilizar leyes cuya aplicación el ente fiscal creado por la ley federal PROMESA ya había objetado. Además, anticipó que podría tomar acciones contra los municipios que persistan en esa práctica.

Se trata de las Leyes 141 y 215 de 2024, aprobadas por el entonces gobernador Pedro Pierluisi, las cuales otorgan ciertos beneficios fiscales y flexibilizan procesos de contratación municipal. Según la Junta, esas medidas son incompatibles con el Plan Fiscal. Así lo sostuvo en una carta enviada el 1 de junio al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, y al presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, firmada por el director ejecutivo de la JSAF, Robert Mujica.

El organismo no identificó cuáles municipios ya están aplicando las disposiciones cuestionadas. Sin embargo, ordenó a la Federación y a la Asociación de Alcaldes certificar, en o antes del 22 de junio, que instruyeron a sus miembros a cumplir con la directriz de la Junta. De lo contrario, advirtió que podría emprender acciones dirigidas a obtener la nulidad de los actos realizados por esos municipios.

Aunque la carta de tres páginas no detalla cuáles serían esas medidas, en ocasiones anteriores la Junta ha recurrido con éxito al Tribunal Federal para impugnar actuaciones que, a su juicio, contravienen el Plan Fiscal o las disposiciones de PROMESA.

La Junta concentra sus señalamientos en la Ley 215 de 2024, que duplicó de $100,000 a $200,000 el umbral para solicitar propuestas selladas en obras municipales y elevó de $3,000 a $10,000 el límite para realizar compras directas sin procesos competitivos. Además, la legislación permitía el cobro de impuestos municipales sobre determinados proyectos financiados con fondos federales.

Por su parte, la Ley 141 de 2024 aumentó de $200,000 a $500,000 el umbral para requerir subastas en proyectos municipales de construcción y mejoras públicas. También autorizó la otorgación de contratos de hasta $1 millón sin subasta en situaciones de emergencia declarada.