Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) le exigió explicaciones al gobierno de Puerto Rico por la decisión de no cobrar por los próximos meses por los viajes a través del Tren Urbano y las guaguas de la Autoridad Metropolitano de Autobuses (AMA).

La Autoridad para el Transporte Integrado (ATI), ente bajo el que operan estos métodos de transporte, debe indicar en las próximas semanas, entre otros documentos exigidos, «bajo que autoridad esta iniciativa fue aprobada», esto porque por disposición federal la misma debía ser consultada con la Junta de Supervisión, según la carta que se le envió al director de la dependencia pública, Josué L. Menéndez Agosto.

Según la misiva cursada el viernes con la firma del director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, las disposiciones de la sección 204 de la ley federal Promesa obligan a entidades gubernamentales como la Autoridad para el Transporte Integrado consultar con la Junta toda iniciativa «relacionada a ingresos o gasto»  en el gobierno.

ATI fue la entidad que autorizó que entre febrero y hasta agosto de 2024 los servicios de transporte público serían libre de costo en lo que se instalan nuevos equipos para cobrar por el uso de las guaguas y el tren, y para educar al público sobre el uso adecuado de ellos.

«La ATI debió haber consultado y sometido esta iniciativa a la Junta de Supervisión para su aprobación y revisión previo a su implementación», indicó Mujica en la misiva.

Una de las exigencias del ente fiscal en esta etapa tiene que ver con la toma de decisiones relacionada a esta medida, por lo que deben explicar.

El organismo fiscal que regula las operaciones fiscales del gobierno de Puerto Rico, esto en virtud de la ley federal PROMESA, no desautorizó el uso gratuito de estos métodos de transporte público, pero exigió a la ATI informes mensuales sobre el progreso de los trabajos y que se le entregue antes del próximo 29 de mayo toda carta, memo o carta circular relacionado a la iniciativa.

De igual forma, ordenaron entregar todo análisis que llevará a la decisión del uso gratuito, como se garantizar que el nuevo método de tarifas será funcional para el 1 de septiembre, cuando se le notificara al público que deben comenzar a pagar de nuevo por el servicio, copias de los contratos relación al nuevo método de cobro, y de las propuestas recibidas para esta tarea.