Junta de Supervisión defiende su gestión en contrato de $5,900 millones

09 de octubre de 2026

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Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera reiteró esta semana su postura de que actuó correctamente en el manejo del controvertido contrato de $5,900 millones de la empresa Power Expectations.

Aunque la Junta de Supervisión autorizó el contrato, la postura del ente fiscal creado por la ley federal PROMESA es que siempre tuvo dudas sobre este. Según explicó, lo autorizó luego de ciertos compromisos de seguridad y fue después de su aprobación cuando se produjeron las modificaciones vinculadas a los actos presuntamente fraudulentos.

«Es significativo que el presunto fraude y falsificación se produjeran después de la revisión de la Junta de Supervisión, y hemos remitido el asunto a las autoridades federales», afirmó el ente fiscal mediante un comunicado de prensa.

De igual forma, la Junta de Supervisión expresó que su función no es contratar y que el Gobierno tiene la obligación de examinar a sus contrapartes.

«La reciente revocación por parte de la Junta de Supervisión de la aprobación del contrato de $5,900 millones a diez años entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés), Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC para el despliegue de generación eléctrica temporal fue inevitable y redundaba en beneficio del pueblo de Puerto Rico. La Junta de Supervisión actuó en contra de la objeción explícita de la agencia gubernamental de contratación pública», aseveró el organismo.

Controversia por la deuda de la AEE

Las nuevas declaraciones de la Junta de Supervisión surgen luego de expresiones de un fondo de inversionistas que aprovechó la controversia de Power Expectations para insistir en el pago de $12,000 millones en deuda.

La Junta sostuvo que esos reclamos perjudicarían la reconstrucción y el mantenimiento del sistema energético de Puerto Rico.

«Estos fondos de cobertura siguen impidiendo que PREPA salga del proceso similar a la bancarrota bajo el Título III de PROMESA y que el pueblo de Puerto Rico satisfaga su necesidad de un servicio público funcional y financieramente sólido», expresó el ente fiscal.