Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera dictaminó que el plan fiscal propuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR) está en violación de la ley federal PROMESA.

Según una de dos misivas de la Junta de Supervisión a la gobernadora Jenniffer González Colón, con fecha del sábado 23 de mayo, el plan propuesto por la UPR para el próximo año fiscal usa "elevados niveles de aportaciones federales", proyecciones de gastos que no reflejan las actuales realidades operacionales, e incorpora fuentes no recurrentes como si lo fueran.

FOMB – Letter – Governor Legislative Assembly – UPR 2021 Fiscal Plan Revision & FY2027 Budget Revised Timelines – May 23 2026

FOMB – Letter – Governor – UPR – Revised 2021 Fiscal Plan – Notice of Violation – May 23 2026

También la Junta de Supervisión critica que el plan propuesto carece de documentos para sustentar sus cálculos y que no se precisó la metodología usada.

"La función de certificación de la Junta de Supervisión bajo la ley PROMESA depende de la capacidad de evaluar las hipótesis contrastándolas con datos que las respalden y un análisis documentado", se indicó. "Todas las hipótesis, previsiones y medidas propuestas deben ir acompañadas de la documentación justificativa, la metodología y la conciliación necesarias para permitir la verificación independiente por parte de la Junta de Supervisión".

En la segunda carta, se establece un calendario para que el gobierno cumpla con los objetivos del plan revisado que ordena la Junta de Supervisión, con la intención de que pueda ser aprobado un nuevo plan fiscal para la UPR antes del 30 de junio.

Las comunicaciones surgen en momentos en que la UPR acaba de salir de un proceso huelgario donde una de las quejas de los manifestantes es el bajo presupuesto que recibe la universidad.

En la primera de las dos cartas también se plantea que en 2021 se certificó un plan fiscal a cinco años desarrollado con presunciones demográficas e institucionales que en la actualidad no corresponden a cómo la UPR opera. Algunas áreas incluyen que la cantidad de estudiantes que se está matriculando en la UPR se ha reducido, que las proyecciones demográficas de Puerto Rico "se siguen deteriorando" y que la reforma al plan de pensiones está implementada solo de forma parcial.

También la carta documenta la inestabilidad de la UPR, con tres presidentes en dos años y con cinco directores distintos de la Oficina de Desarrollo e Innovación de la UPR en tan solo 16 meses.

"La inestabilidad que se ha vivido explica en gran medida los escasos avances en la implementación (del plan fiscal) hasta la fecha", reza la carta.

La misiva firmada por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, plantea que se debe ir trabajando un nuevo plan fiscal a cinco años, que establezca un marco para el presupuesto de la UPR para futuros años fiscales.

Ese plan revisado debe contar con estimados económicos y demográficos revisados, que incluya las dinámicas de recuperación de los desastres, esto aludiendo a situaciones como el huracán María, "reconstruir" las pensiones, incluir a los empleados de la UPR en la Reforma del Servicio Civil con el resto de los empleados del gobierno, diversificar las fuentes de ingresos de la UPR, documentar aspectos como los ofrecimientos académicos, los programas "on-line" y cuán sostenible es el sistema de once recintos del sistema universitario público.

El modelo económico a cinco años que se debe diseñar debe tomar en consideración que la universidad del estado es parte de un gobierno que enfrenta diversos retos económicos separados, como menos ingresos para la recuperación y Medicaid.

"La UPR no es una isla fiscal", se indicó.

Aunque la misiva fue dirigida a la gobernadora, se le envía copia de la misma a la presidenta de la UPR, Zayira Jorán Conde, al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau,  y a los secretarios de la gobernación, Hacienda y jefe de OGP, respectivamente Francisco Domenech, Ángel Pantoja y Orlando Rivera Berrios.