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Por Daniel Rivera Vargas 

La Junta de Supervisión y Administración Financiera determinó que el primer presupuesto propuesto por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se encuentra en incumplimiento con las disposiciones de la ley federal PROMESA.

En una misiva de 37 páginas, la Junta de Supervisión hace una revisión de diversas partidas del presupuesto y ofrece algunas recomendaciones. Entre las áreas que resaltan, se destacan los asuntos relacionados con los fondos federales como $230 millones de ciertos gastos que sólo se recibirán en una ocasión del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE). Otros $45 millones, de los cuales $17 millones son del Departamento de Seguridad Pública, para gastos actualmente cubiertos por fondos federales que están expirando y no estarían disponibles, y unos $500 millones en gastos de financiamiento estadounidense no recurrente y que pueden estar en riesgo también relacionados con la instrucción pública.

«Esta carta es un Aviso de Violación... conforme la sección 202(c)(1)(B)(i) de PROMESA», expuso la entidad en la carta.

Se reitera como una debilidad de la economía local la dependencia en fondos federales y que actualmente hay incertidumbre ante los cambios de políticas públicas en la esfera federal. La carta no menciona al presidente Donald Trump, pero es bajo su presidencia que hay numerosos cambios en el gobierno federal desde despidos de empleados a incluso cierre de dependencias, como el que se prevé para el Departamento de Educación de Estados Unidos.

«Aproximadamente la mitad del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el actual año fiscal 2025 depende de fondos federales, y aún no está claro el efecto total de los cambios recientes y los posibles cambios futuros en las políticas y la financiación del gobierno federal sobre las finanzas de Puerto Rico y la economía en general», reza la carta.

Según la misiva, la exhortación al gobierno es a «encontrar soluciones» y esto «puede hacer necesario revisitar gastos totales». Se indicó que ya hay comunicación entre la Junta y las agencias de gobierno afectadas para una «estrategia clara en programas y servicios que son críticos». Algo que no es nuevo y que, por ejemplo, ya habían discutido en años fiscales previos con el DE ante otros retos como la pérdida de estudiantes nuevos matriculados en el sistema público de enseñanza.

«La Junta de Supervisión le provee a la gobernadora la oportunidad de corregir las deficiencias identificadas en este Aviso de Violación al suministrar una Propuesta Revisada de Presupuesto para el Estado Libre Asociado para el Año Fiscal 20206 a no mas tardar del 28 de abril de 2025», agregó la Junta.

La carta, firmada por el director ejecutivo Robert F. Mujica Jr. y que cuenta con otras 31 páginas de anejos, expone que espera seguir trabajando en conjunto con el gobierno para que se pueda certificar un presupuesto para el próximo 30 de junio antes de que comience el año fiscal estatal el 1 de julio.

Algunas de las recomendaciones de la Junta de Supervisión sobre asuntos que al ser corregidos podrían hacer válido el presupuesto de la gobernadora es que "no se suministró información suficiente" para la partida que se solicitó, como por ejemplo análisis de nómina, estimado de costos, ausencia de información de precios o de estimados de costos, se indicó.