La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la «Junta de Supervisión») creada por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act («PROMESA»), anunció hoy que concluyó que la Certificación de Cumplimiento que el Gobierno de Puerto Rico envió el 19 de diciembre sobre la Nueva Ley de Contribuciones (Ley 257 de 2018) no proveyó el estimado formal del impacto fiscal requerido para los Artículos 132 al 163, que se refieren a los terminales de vídeo lotería («VLTs», por sus siglas en inglés) que operan fuera de los casinos. La Junta de Supervisión sí estuvo de acuerdo en que los artículos 1 al 131 y 164-165 de la Ley 257 de 2018 no son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, según lo certificó el gobierno en la Certificación de Cumplimiento que emitió.

En una carta enviada hoy al Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, la Junta de Supervisión señaló además que, dado que el impacto fiscal de la vídeo lotería dependerá en gran medida de los reglamentos que emitan la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda con relación a los permisos de VLT que operan fuera de los casinos, y dado que esos reglamentos aún no se han promulgado, un estimado formal de los Artículos 132 al 163 de la Nueva Ley de Contribuciones no puede estar completo sin un análisis del impacto fiscal de los reglamentos requeridos, que a su vez deben ser aprobados por la Junta de Supervisión antes de su promulgación, de acuerdo con la Política de la Junta sobre Reglas, Reglamentos y Órdenes, según enmendada el 21 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, la Junta de Supervisión le requirió al Gobierno que proporcione el estimado que falta en un plazo de siete (7) días a partir de la fecha en que se promulguen los reglamentos requeridos.

Dado que el Gobierno no cumplió con proporcionar un estimado formal del impacto fiscal de la ley en su totalidad, tal como lo exige PROMESA, la Junta se reserva el derecho de tomar cualquier acción necesaria, incluyendo prevenir la aplicación o puesta en vigor de los Artículos 132 al 163 de la Nueva Ley de Contribuciones.

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