La Junta de Supervisión revisó la extensión del Acuerdo Suplementario para asegurar su consistencia con el Plan Fiscal de la AEE.

"El sistema energético de Puerto Rico tiene que cambiar", dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

"Puerto Rico necesita y merece una red y proveedores de electricidad modernos y fiables. El antiguo monopolio de la AEE condujo a un callejón sin salida. La transición definida en el Plan Fiscal se basa en la responsabilidad. El pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las centrales eléctricas, y está facultado para exigirles rendición de cuentas a los operadores privados. Extender el Acuerdo Suplementario forma parte de ese importante proceso".

EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA SOBRE LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE LUMA

A través de un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez tronó contra la determinación del contrato de LUMA:

"Agradezco el trabajo extraordinario de los representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes no claudicaron en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y agotaron todos los remedios a su alcance.

Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP. Específicamente, la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se ‘deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE’.

Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico. Asimismo, ya agotando todos los procesos administrativos en la AAPP, la Cámara apoyará a los representantes del interés público, quienes tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018".