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La Junta de Supervisión y Administración Financiera exigió esta semana información del personal de confianza en el gobierno de Puerto Rico ante los reportes que han recibido de que se han autorizado alzas salariales sin pedirle permiso al ente fiscal creado por la Ley federal PROMESA.
Mediante carta dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, la Junta de Supervisión le dio hasta este viernes al gobierno para que entregue toda transacción de personas de empleados de confianza aprobada en los pasados 6 meses.
«Toda alza salarial de empleados de confianza implementado fuera del proceso de presupuesto y sin previa aprobación de la Junta de Supervisión sería contrario a la autoridad fiscal y presupuestaria de la Junta Fiscal según establecido bajo PROMESA», reza la carta de dos páginas firmada por el director ejecutivo, Robert F. Mujica Jr.
La carta indica que se enteró de las alzas salariales por «fuentes públicas». Recientemente se ha divulgado en medios informativos del alza salarial autorizada por el gobernador Pedro Pierluisi y el mandatario ha confirmado los aumentos.
La misiva de la Junta de Supervisión también indica que OGP sabe que actualmente la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos está evaluando ciertos planes de remuneración para posiciones de confianza en el gobierno central.
La carta no indica qué medidas podría tomar la Junta de Supervisión en caso de que confirme una violación al Plan Fiscal y a la ley federal PROMESA.