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Por Daniel Rivera Vargas 

La Junta de Supervisión y Administración Financiera solicitó a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón aclarar varios aspectos sobre una reciente orden ejecutiva dirigida a atender a la comunidad de personas envejecientes en Puerto Rico.

Accede a la Orden Ejecutiva aquí

La Orden Ejecutiva es la 2025-010 y establece la «Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor» adscrita a la Oficina de la Gobernadora.

"Nuestros adultos mayores merecen atención y sensibilidad por parte de su gobierno, luego de toda una vida aportando a nuestra sociedad y familias. Ellos siempre han sido una prioridad para esta servidora, como congresista y ahora como gobernadora, por eso creamos esta unidad desde la propia Fortaleza enfocada en todo lo relacionado a esta población como la reestructuración de las dependencias que los atienden, mantener la integración y participación de los adultos mayores en la sociedad, promover su calidad de vida, el acceso a la salud, inculcar en todo el gobierno la necesidad de planificar y distribuir los servicios respondiendo a las necesidades del adulto mayor, respetando su autonomía funcional y apoyando a aquellos que requieran asistencia", expresó, el 11 de marzo,  la primera ejecutiva mediante un comunicado de prensa sobre esta orden.

La semana pasada, y casi al mes de anunciada la orden, la Junta envió una misiva de dos páginas solicitando que para el 15 de abril se le aclaren varios asuntos de esa orden. Especialmente, un análisis de los costos sobre los salarios de esta oficina, que se identifique la fuente de fondos recurrentes para sufragar los gastos de esta nueva entidad y que la Oficina de Gerencia y Presupuesto provea certificaciones sobre la estructura organizacional de esta dependencia.

Igualmente, la Junta pidió a la gobernadora que distinga entre la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor y la ya existente Oficina del Procurador de la Persona de Edad Avanzada.

La ley expone que esta oficina se centra en "la atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Según un portal presupuestario del Gobierno, la oficina cuenta con unos 118 empleados para el año fiscal 2024.

También la Junta pide aclarar si la unidad creada por la gobernadora requeriría de recursos adicionales a los ya asignados a esta procuraduría.

"Favor explicar en qué se diferenciarán las funciones de la Unidad de Atención Integral al Adulto Mayor de las encomendadas a la Defensoría de la Tercera Edad y Jubilados", lee la carta de la Junta de Supervisión.

La carta firmada por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr., está dirigida a la gobernadora, y con copia de los secretarios de Estado y Gobernación, Verónica Ferraiuoli y Francisco Domenech.