La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció que radicó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito de Puerto Rico para evitar que el gobierno ponga en efecto la Ley 29 y obligar al gobierno a cumpla con la Ley PROMESA.

La Ley 29 exoneraría a los municipios de cumplir de reembolsarle a al gobierno cientos de millones de dólares en pensiones para sus propios retirados y transferiría esa carga al gobierno central, permanentemente, según reza la demanda. El gobernador no cumplió con la Sección 204 y 207 al firmar la Ley 29, que conjuntamente con las repetidas acciones de incumplimiento, ha impedido y desafiado los principios y propósito de PROMESA, en violación a la Sección 108 (a)(2).

«La Ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José B. Carrión. "Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro. Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del PayGo».

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«En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de EE.UU. le ha solicitado al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la mano», dijo Carrión. «Pero, por el contrario, el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA».

La Junta de Supervisión alertó al gobernador con respecto a la aprobación del proyecto que luego se convirtió en la Ley 29. En su carta con fecha del 17 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión le advirtió al gobernador, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, que el impacto potencial de la medida alcanzaba unos $311 millones para el año fiscal 2020 y unos $1.7 billones hasta el año fiscal 2024. Sobre estos estimados, la Junta concluyó que esta ley no cumple con el Plan Fiscal Certificado, que incluye el pago total de PayGo y ASES.

El incumplimiento del gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. El gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020. El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta que indique que tales reasignaciones de fondo no son inconsistentes con el plan fiscal o el presupuesto, como lo exige la Sección 204 (c) de PROMESA.

«El gobierno no puede utilizar las resoluciones conjuntas para hacer gastos fuera de un presupuesto que cumple con el plan fiscal», dijo Carrión. «Puerto Rico no puede caer nuevamente en las prácticas del pasado en que se gastaba sin controles. Eso fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. La disciplina fiscal es esencial para asegurar que las prioridades del gobierno y que los servicios prioritarios para la ciudadanía cuenten con el financiamiento adecuado. Teniendo en cuenta que las resoluciones conjuntas asignan fondos que no están presupuestados y sin el visto bueno de la Junta, éstas violan la ley PROMESA y, por lo tanto, no deben ponerse en efecto. Los contribuyentes necesitan y
merecen visibilidad sobre los gastos del gobierno».

«La Ley PROMESA nos ha provisto con el mandato de establecer responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal significa que el gobierno tiene que seguir proceso riguroso y transparente para presupuestar todos sus gastos y mantener el gasto dentro de los parámetros establecidos en el plan fiscal», sostuvo Carrión. «Mantener responsabilidad fiscal es lo único que ayudará a que Puerto Rico se recupere, asegure un futuro económico estable y asegurar que la ciudadanía tenga aseguradas sus pensiones».