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La Junta de Supervisión y Administración Financiera expresó su rechazo a la reforma contributiva aprobada esta semana por los cuerpos legislativos.

«El proyecto de ley amenaza la estabilidad fiscal del Gobierno. Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit; borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico», sostuvo la Junta de Supervisión, mediante comunicado de prensa.

Es la segunda reforma aprobada por la legislatura al cierre de la penúltima Sesión Legislativa del cuatrienio que es rechazada por la junta. El martes, el organismo se expresó en contra de la Reforma Laboral que se aprobó y amenazó con tomar «las acciones necesarias» si la misma es convertida en ley.

La Junta de Supervisión ha acudido de forma sumamente efectiva al tribunal federal contra acciones del gobierno de Puerto Rico, logrando por ejemplo que quedara sin efecto una reciente Reforma Laboral.

En el caso de la Reforma Contributiva, la Junta de Supervisión no adelanta posibles acciones contra el gobierno de Puerto Rico si se aprueba la reforma, pero le pide a la legislatura que no envíe el proyecto al gobernador, y le dice al gobernador que si lo recibe no lo firme. En cambio, exhorta a los poderes gubernamentales a reunirse con la Junta para trabajar una reforma «asequible y que conduzca a un crecimiento económico a largo plazo».

«El proyecto de ley, que representa uno de los mayores recortes contributivos de la historia de Puerto Rico, y el cual llega a tan solo un año de que Puerto Rico emerge de su quiebra, reduciría los ingresos del Gobierno en unos $750 millones en este año fiscal y en alrededor de $3,000 millones en los próximos cinco años», sostuvo la Junta, en alusión al Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839.

La Junta de Supervisión asegura que la reforma viola las disposiciones de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016 (Promesa, por sus siglas en inglés), es detrimental para las finanzas de un gobierno que está saliendo de una bancarrota y no sale de datos, sino de política.

«Una reforma contributiva eficaz debe ser integral, holística y debe funcionar a largo plazo», señaló la Junta de Supervisión. «Sin embargo, el proyecto de ley contributivo que la Legislatura aprobó apresuradamente anoche no fue evaluado suficientemente para conocer su costo o impacto económico. La reducción de la carga contributiva debe basarse en datos, no en política, y en una discusión y una evaluación exhaustivas de su impacto en las finanzas públicas y en la economía en general».

La Junta de Supervisión recordó que en el pasado reciente apoyó la extensión de sobre $500 millones al año del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, que es apropiado y sensato, recibe pareo de parte del Gobierno Federal, beneficia a los hogares de bajos ingresos e incentiva a más residentes a reincorporarse a la economía formal. Continuamos abiertos a discutir propuestas contributivas justas y eficaces.

Asimismo, la Junta de Supervisión dijo que en el pasado «la irresponsabilidad fiscal dio lugar a dolorosos ajustes del gasto público».

«Todos debemos trabajar juntos para recuperarnos y evitar que Puerto Rico vuelva a caer en el gasto deficitario que condujo a su quiebra y a la creación de la Junta de Supervisión», sostuvo.

«Cualquier posible reforma contributiva debe ser fiscalmente neutral, lo que significa que no puede haber una pérdida de los ingresos que son necesarios para financiar servicios esenciales. Debemos centrarnos en el crecimiento económico sostenible y en la responsabilidad fiscal para que el pueblo de Puerto Rico se beneficie de un mejor cuidado médico, los niños de Puerto Rico se beneficien de una mejor educación y los residentes no tengan que dejar la Isla en busca de mejores oportunidades y prosperidad en otros lugares».