Por Daniel Rivera Vargas

El presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), David Skeel, indicó que el organismo creado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) podría desaparecer en junio de 2025.

Claro, es un cálculo, según él, «optimista».

¿Cuándo usted cree que cesará en funciones la junta?, se le preguntó a Skeel.

«Yo estoy optimista... es posible julio 30 de 2025», dijo el presidente de la JSAF.

Skeel, que también profesor de derecho corporativo de la Universidad de Pennsylvania, aclaró que la aprobación en julio pasado de un presupuesto por parte del gobierno que fue avalado por la JSAF en julio pasado es un paso importante —de hecho, algo que no había pasado desde que PROMESA está en vigor—, pero no se puede considerar uno de los cuatro presupuestos balanceados si no incluye el pago de deuda.

Sin embargo, señaló que una vez la jueza Laura Taylor Swain autorice el Plan de Ajuste de Deuda y se comience a pagar deuda, se convertiría en uno «balanceado» para efectos del requisito federal, tan pronto comience a pagar deuda.

Según PROMESA, la junta desaparecerá cuando se cumplan al menos dos requisitos:

• cuatro años de presupuestos balanceados
• la entrada de Puerto Rico a los mercados de capital
• estados financieros auditados

Los primeros dos requisitos comenzarán a cumplirse, de acuerdo a las proyecciones de Skeel, tan pronto como finales de año cuando pudiera entrar en vigor el Plan de Ajuste de Deuda, que implica que Puerto Rico comenzará a pagar al menos parte de sus deudas multimillonarias a miles de acreedores.

Los estados del gobierno están auditados hasta 2018.

Skeel entiende que el gobierno tiene entre sus prioridades completar los informes de 2019 y 2020 «en los próximos meses».

Próximos pasos

En entrevista con Microjuris, Skeel dijo que el próximo paso en el proceso de salir de la JSF es que los acreedores aprueben el Plan de Ajuste de la Deuda. Para eso, 61 de los 69 grupos de acreedores comenzarán a recibir por correo una hoja de votación para que expresen si están de acuerdo con lo negociado.

Datos de la JSF apuntan a que hay unos 165,000 acreedores, aunque no fue posible precisar cuántos de ellos están en los 61 grupos que pueden votar.

Luego de esta votación, en noviembre, la jueza Laura Taylor Swain, quien dirige los procesos judiciales de PROMESA, celebrará una vista en la que podría evaluar y aprobar el plan y la votación, y ordenar que se comience a pagar la deuda.

Según datos de la JSF, la deuda de Puerto Rico rondaba los $72,000 millones a acreedores más la deuda a los pensionados de otros $55,000 millones adicionales, y con el Plan de Ajuste de Deuda de 2021 -ha sido enmendado en seis ocasiones- la deuda se reduce a $34,000 millones. La versión de la JSF es que antes de PROMESA, el gobierno debía pagarle 30 centavos por cada dólar que recaudada en impuestos y tarifas a los acreedores, pero con el plan de ajuste solo se pagarán 7 centavos por cada dólar.

Pensiones

Entre los que pueden votar por el Plan de Ajuste de la Deuda están las personas pensionadas, que mantienen férrea oposición al recorte de las pensiones.

Skeel espera que la mayoría apruebe finalmente el plan por las razones que ha esgrimido en el pasado:

• que el 80% de las pensiones no serán afectadas por el plan, sino que aquellos que reciben pensiones de $1,500 mensuales verán una reducción de 8%
• que el plan contempla una cláusula para que esas pensiones se vuelvan a pagar en su totalidad si se cumplen ciertas condiciones
• que si no se aprueba el plan las pensiones corren riesgo de no poderse pagar en lo absoluto en el futuro

«El plan tiene opciones para los pensionados», según Skeel. «Hacemos todo lo que podemos para que las pensiones vuelvan a estar protegidas».

Sobre el plan, Skeel quiso abordar lo que llamó «rumores» de que bajo el documento la JSAF se perpetuará por 20 años. «Eso no es cierto».

«No creo que vamos a estar por 10 años más», afirmó en otro momento de la entrevista.

Enmiendas a PROMESA

La ley PROMESA fue aprobada hace dos presidentes —bajo Barack Obama— y hay diversas propuestas de enmiendas en el Congreso, como por ejemplo el miembro de la JSAF, el exjuez Artur J. González compareció ante el Senado de Estados Unidos en julio para apoyar con enmiendas una propuesta para extender los requisitos de divulgación de las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebra a aquellos profesionales contratados por la junta de supervisión.

Aunque entiende que hay algunas de esas enmiendas con las que «podemos vivir», Skeel dijo que la JSAF no ha solicitado ninguna en particular porque con las facultades actuales que tienen, ya la entidad ha logrado prácticamente colocar a Puerto Rico a punto de salir de la quiebra con el plan de ajuste.

«Sería un momento desafortunado para cambiar las cosas», indicó.

«Esta es la reestructuración más compleja en la historia americana», agregó.