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La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, anunció que estará reevaluando el plan fiscal a la luz de las consecuencias fiscales y económicas del COVID-19 y analizará los fondos de emergencias de los que pueda participar Puerto Rico.

«Nuestro mandato abarcador se mantiene firme en lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital», explicó Jaresko en una comunicación escrita.

La directora ejecutiva explicó que la junta fiscal «está apoyando los esfuerzos del gobierno para asegurar que Puerto Rico reciba su justa parte de fondos provenientes de los programas de emergencia del gobierno federal».

El gobierno de Puerto Rico, sus residentes, negocios, y organizaciones no-gubernamentales son potencialmente elegibles para una cantidad proyectada de por lo menos $10 mil millones, de los $2 trillones que provee la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).

La transferencia integra $3 mil millones asignados para apoyar a los territorios. Puerto Rico recibirá la partida más grande de estos fondos, que son aproximadamente $2.2 mil millones. 

La Ley CARES provee a los ciudadanos estadounidenses y residentes con un ingreso bruto ajustado menor de $75,000 ($112,500 para jefes de familia y $150,000 para personas casadas) un reembolso de $1,200 y $500 adicionales por niño.

Una familia compuesta de cuatro miembros será elegible para un reembolso de $3,400. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para implementar este componente de la legislación federal.

La Ley CARES también ofrece préstamos a los negocios afectados por el COVID-19 mediante dos programas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Primeramente, la ley dispone que se soliciten Préstamos por Daños y Pérdidas Económicas (IEDL, por sus siglas en inglés), los cuales incluyen anticipos de subvenciones de hasta $10,000 a entidades elegibles para un préstamo.

La ley también dispone que el Plan de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés) proporcione a los pequeños negocios los fondos para cubrir hasta ocho semanas de gastos de nómina, incluyendo los beneficios. Los fondos también pueden utilizarse para pagar los intereses hipotecarios, alquiler y los servicios públicos de agua y electricidad.

Las personas que se queden sin trabajo como resultado del COVID-19 recibirán $600 semanalmente de seguro por desempleo hasta un periodo máximo de cuatro meses. La cantidad es adicional a lo que reciben del Departamento del Trabajo.