La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, que fue creada bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016 (PROMESA), comunicó a través de una misiva su oposición a una medida que otorgaría créditos por cualquier electrodomésticos dañados a causa de apagones en el sistema eléctrico.

La medida busca ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA Energy a que tengan que otorgar a los abonados créditos correspondientes al valor de reparación o sustitución de cualquier artículo electrodoméstico dañado a causa de las deficiencias en el sistema eléctrico.

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La Junta de Supervisión solicitó a la Asamblea Legislativa que no envíe la Resolución Conjunta de la Cámara 231 a La Fortaleza y que el gobernador Pedro Pierluisi no la convierta en ley, la cual cobija a clientes residenciales y comerciales ante eventos de apagones, fluctuaciones o bajas en el voltaje de la red eléctrica.

«El Proyecto de Ley es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico (el «Plan Fiscal») y el Plan Fiscal de la AEE (el «Plan Fiscal de la AEE»). En consecuencia, la Junta de Supervisión insta a la Legislatura a no enviar el Proyecto de Ley al Gobernador y al Gobernador a no firmar el Proyecto de Ley para convertirlo en ley», reza la carta firmada el 16 de julio por el director ejecutivo del ente, Robert F. Mujica.

«De acuerdo con el Proyecto de Ley, la AEE y sus cuerpos administradores estarían obligados a otorgar créditos automáticamente por el monto total de las reclamaciones de los clientes inferiores a $300 más el 10% del valor de la reclamación para cubrir los gastos de los clientes por reclamaciones que cumplan con los requisitos de presentación. Para reclamaciones superiores a $300, la AEE estaría obligada a emitir, dentro de los 90 días posteriores a la promulgación del Proyecto de Ley, una regulación que establezca un proceso para atender dichas reclamaciones».

De igual forma, la medida dispone los requisitos para la solicitud del crédito según el costo estimado de sustitución o reparación y reconoce una cuantía correspondiente al 10% del crédito a otorgarse para cubrir los gastos de solicitud.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), evaluó la resolución conjunta y expresó: «Dado la información disponible y el nivel de incertidumbre que tendría un estimado de costos al ente administrador de la AEE, se concluyó que no es posible precisar el costo de la R. C. de la C. 231».relaciones