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Por Daniel Rivera Vargas
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico referirá a "las autoridades pertinentes" el incidente en el que se usó "sin autorización" la firma de una empresa en un contrato de energía, al tiempo que ordenó la cancelación del contrato de $5.9 mil millones y 10 años de duración.
La comunicación de la Junta de Supervisión trascendió tarde el viernes, sin revelar a qué autoridades se hará el referido. En caso de que fuera a agencias investigativas y de ley y orden del Gobierno de Puerto Rico, el artículo 217 del Código Penal penaliza con hasta tres años de cárcel la posesión y el traspaso de documentos falsificados.
"Toda persona que con el propósito de defraudar posea, use, circule, venda, o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado, imitado o contiene información falsa, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000)", según una revisión del Código Penal.
Al notificar la cancelación del contrato, la Junta de Supervisión precisó que ya había adelantado sus reparos sobre el contrato de generación de energía entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC. Esto ocurrió tras una declaración de ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, del 7 de agosto de 2026, en la que afirmaba que la empresa no forma parte de este proyecto de generación de energía y que su nombre y firma se utilizaron sin autorización.
Ese mismo 7 de agosto, en una comunicación con el licenciado Osvaldo Carlo Linares, presidente de Third Party Procurement Office (3PPO), la Junta indicó que era "extremadamente problemático" que Enchanted Rock revelara que su nombre fue usado sin autorización.
Aunque desde el principio del proceso de contratación había "preocupaciones", según lee la carta dirigida al también exfiscal Carlo Linares, la Junta de Supervisión aprobó el contrato, pero de forma "condicionada" a que se cumplieran ciertos parámetros y a que figurara la empresa Enchanted Rock LLC en el proyecto.
En la comunicación del viernes 15 de agosto, la Junta de Supervisión indicó que aprobó el contrato —de $5.9 mil millones y 10 años de duración— para el despliegue, la instalación, la operación y el mantenimiento de unidades temporales de generación de energía con una capacidad total de 400 megavatios (MW), debido a la participación de Enchanted Rock como proveedor del equipo. Esto, porque 3PPO ya había indicado que la empresa Power Expectations carecía de la capacidad financiera y los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el contrato sin la participación de Enchanted Rock.
Dado que Enchanted Rock afirmó nunca haber participado en el proceso, el contrato está "irreparablemente viciado".
El ente fiscal creado por la ley federal de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) indicó también:
"El proceso de la Junta de Supervisión para revisar y aprobar los contratos depende en gran medida de que las partes gubernamentales que suscriban el acuerdo se encarguen de evaluar a las contrapartes. De conformidad con PROMESA, la política de revisión de contratos de la Junta de Supervisión se diseñó para restablecer la confianza del pueblo en el proceso de contratación pública, garantizando que el Gobierno adjudique los contratos de forma que se fomente la competencia en el mercado y que dichos contratos sean consistentes con los Planes Fiscales. La Junta de Supervisión no asume una postura en relación con la controversia entre Power Expectations y Enchanted Rock. La preocupación de la Junta de Supervisión se limita a la exactitud y exhaustividad de la documentación presentada y si se ha cumplido con las condiciones de aprobación".