Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera planteó preocupaciones fiscales y legales sobre al menos 18 medidas legislativas relacionadas con las pensiones y otros beneficios de retiro, y no descartó acudir al tribunal para impedir la implantación de aquellas que considere incompatibles con el Plan de Ajuste de la Deuda, PROMESA o el Plan Fiscal.

"Las propuestas recientes han incluido, entre otras cosas, aumentos en los pagos de pensiones y otros beneficios de jubilación, ajustes por costo de vida y bonificaciones especiales, ampliaciones de las categorías de empleados con derecho a beneficios de jubilación mejorados o anticipados, cambios en los requisitos de elegibilidad para la jubilación, modificaciones a las circunstancias bajo las cuales se puede acceder a las contribuciones o beneficios de jubilación, y el establecimiento de nuevas estructuras o mecanismos de beneficios de jubilación", sostuvo la Junta en una misiva de ocho páginas dirigida a la gobernadora Jenniffer González y a los presidentes de los cuerpos legislativos, Carlos "Johnny" Méndez y Thomas Rivera Schatz.

La Junta incluyó en un anejo 18 de las medidas más recientes relacionadas con beneficios de retiro. Estas comprenden propuestas para aumentar pensiones, conceder bonificaciones, establecer ajustes por costo de vida, ampliar las categorías de empleados que podrían acogerse a un retiro temprano y modificar las condiciones para acceder a aportaciones o beneficios de jubilación.

"Aunque estas medidas varían en alcance y propósito, cada una tiene implicaciones fiscales, actuariales, presupuestarias y legales a corto y largo plazo que deben evaluarse antes de que se apruebe cualquier medida", sostuvo el ente fiscal en la comunicación firmada por su director ejecutivo, Robert F. Mujica Jr.

La Junta indicó que reconoce las dificultades económicas que enfrentan numerosos pensionados en Puerto Rico y las consideraciones de política pública que motivan los esfuerzos dirigidos a atender la seguridad económica durante el retiro. Sin embargo, sostuvo que cualquier iniciativa debe evaluarse a la luz del Plan de Ajuste de la Deuda, PROMESA y el Plan Fiscal.

Según la comunicación, la sección 83.4 del Plan de Ajuste y el párrafo 62 de la orden judicial que confirmó ese plan prohíben durante un periodo de 10 años aprobar legislación que aumente los pagos u obligaciones correspondientes a pensiones de beneficio definido por encima de los beneficios contemplados en el propio Plan de Ajuste.

La Junta sostuvo que cualquier legislación incompatible con esos términos podría exponer al gobierno a litigios "innecesarios y costosos" con pocas o ninguna posibilidad de prevalecer.

Entre las medidas examinadas, la Junta destacó el Proyecto de Administración A-152, presentado como el Proyecto del Senado 1428 y el Proyecto de la Cámara 1399. La propuesta contempla la implantación retroactiva, a partir del 1 de julio de 2026, de un aumento en las pensiones. En el anejo de la carta, el P. del S. 1428 se describe como una medida que establecería una pensión mínima mensual de $1,000 para empleados públicos y maestros retirados.

La Junta señaló que la propuesta fue presentada menos de 60 días después de la aprobación del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2027 y que el costo de la medida no fue considerado durante la confección de ese presupuesto. Según el organismo, su aprobación crearía un gasto no financiado y no contemplado en el presupuesto certificado.

La comunicación también señala que el presupuesto enfrenta áreas de riesgo fiscal relacionadas con el programa de Medicaid y el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Aunque la Junta no ofreció una cifra específica sobre el costo agregado de las 18 medidas incluidas en el anejo, indicó que cambios que podrían parecer modestos, como adelantar la edad de retiro o modificar una fórmula de beneficios, pueden representar cientos de millones de dólares en costos con el transcurso del tiempo.

Ante ello, el ente fiscal sostuvo que cualquier legislación dirigida a crear o aumentar beneficios de pensiones debe estar acompañada de un análisis actuarial independiente y una evaluación fiscal que identifique sus costos anuales y a largo plazo, incluidos los gastos retroactivos. También planteó que esos costos deben incorporarse a las proyecciones financieras multianuales del gobierno y contar con una fuente de financiamiento recurrente y sostenible.

La Junta agregó que la disponibilidad de fondos durante un año fiscal particular no es suficiente para determinar que una obligación permanente de pensiones sea sostenible a largo plazo.

Al concluir la carta, el organismo indicó que está dispuesto a trabajar con el gobierno y la Asamblea Legislativa para evaluar alternativas dirigidas a atender las necesidades económicas de los pensionados dentro de las restricciones establecidas por el Plan de Ajuste, PROMESA y el Plan Fiscal.

No obstante, se reservó expresamente el derecho de tomar las acciones que considere necesarias conforme a las secciones 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluyendo solicitar remedios judiciales para impedir la implantación o ejecución de legislación que considere incompatible con esas disposiciones.