Por Daniel Rivera Vargas

La comisión creada mediante orden ejecutiva por el presidente Joe Biden para evaluar la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) se trata de un buen mecanismo, pero juristas entrevistados por Microjuris.com adelantaron que no necesariamente producirá resultados concretos o esperados.

La orden ejecutiva fue firmada y se anunció el pasado 9 de abril.

Según el documento en el portal oficial de la Casa Blanca, el grupo tendrá 36 integrantes que incluirá a personas de la Academia, exmiembros de la judicatura federal y profesionales de la abogacía con experiencia en el foro.

La idea es que evalúen propuestas de reforma para el Supremo de Estados Unidos, la legalidad de las mismas y consideren opiniones del público.

Con informe escrito en seis meses

Deberán presentar un informe escrito a los seis meses de su primera reunión, que puede incluir propuestas concretas de cambios al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Entonces, la comisión desaparecerá.

Comentan desde la Academia

«Pienso que la forma en que el presidente Biden está evaluando la justicia federal es la correcta», contó a Microjuris.com el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno Orama.

El decano advierte que la motivación de ciertos sectores en Estados Unidos en cambios al Tribunal Supremo de Estados Unidos nace del interés de los demócratas en cambiar la actual composición del alto foro.

Durante los pasados cuatro años, Donald Trump nombró tres jueces considerados conservadores, colocando la composición de esta corte en seis jueces nombrados por presidentes republicanos y tres nombrados por demócratas.

Sin embargo, dijo Moreno, podría ser meritoria esta evaluación más allá de que se pueda aumentar el número de jueces si se hace «a puertas abiertas», y tomando en consideración lo que puedan decir diversos sectores, incluyendo la propia judicatura federal/

«Cualquier medida bien intencionada para evaluar la judicatura federal hace falta. Ha cambiado muy poco en mucho tiempo. Necesita un nuevo aire», planteó Moreno Orama.

Aunque la comisión no ha dicho qué propuestas estará considerando, hay varias que se están rumorando.

Moreno Orama entiende que una de las que más se debe considerar es la de poner términos a los integrantes de la judicatura federal.

En la actualidad son nombramientos de «por vida».

Tampoco se debe descartar limitar la edad en que se puede laborar en la curia, ante la posibilidad de que un magistrado pueda perder sus facultades mentales y pueda ser manipulado, «y no tengas forma de removerlo», recordó el decano.

Agregó que no se debe descartar ampliar la cantidad de jueces o juezas, tomando en cuenta que son 9 jueces en una corte suprema en un país con 300 millones de habitantes.

En Puerto Rico, hay la misma cantidad de magistrados en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para 3 millones de habitantes.

El profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Carlos Gorrín Peralta, puntualizó que hace más de medio siglo que no se altera el número de jueces en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Comentó que la última vez que se intentó, bajo la presidencia de Franklyn Delano Roosevelt, fue conocido como el Court Packing y era una respuesta del mandatario demócrata a que muchas de las leyes de su «Nuevo Trato» fueron inicialmente declaradas inconstitucionales por este foro.

«Se entendía que esto atenta contra la independencia judicial», explicó Gorrín Peralta.

Finalmente, no llegó a aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo, porque un juez falleció y otros tres renunciaron en medio del pulseo con la Casa Blanca, recordó el profesor.

Si la comisión propone un aumento en el número de jueces, Gorrín Peralta adelantó que el mecanismo no puede ser una acción del presidente.

«El ejecutivo federal no tiene autoridad para aumentar el número de jueces... Si hacen esa barbaridad, la declararían inconstitucional«, aseguró.

Una enmienda constitucional

La alternativa sería una enmienda constitucional, que es un proceso tan complejo que solo se han logrado 25 en 230 años de existencia, dijo el profesor.

Las enmiendas constitucionales requieren que voten a favor dos terceras partes de las personas que componen el Senado, dos terceras partes de las personas que componen el Congreso, y luego el aval de las legislaturas del 75% de los estados.

Gorrín Peralta advirtió que la sociedad estadounidense está sumamente dividida y que el triunfo de Biden no elimina que Trump sacó 75 millones de votos.

Aunque la comisión no logre cambios como el de aumentar el número de jueces, estas movidas presidenciales son «una forma quizá de crear consciencia política» de que hay derechos, como el del aborto, que mucha gente no quiere que se deroguen.

«Buscan tratar de impactar a la corte para que modere sus decisiones, recordando que las ramas políticas pueden, en efecto, promover una enmienda constitucional», dijo.

Mientras, el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas y presidente de la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, Alejandro Torres Rivera, dijo que algunas propuestas rumoradas como limitar términos de los jueces, aumentar el número de casos que se ven anualmente, establecer criterios de cómo derogar leyes y cambios procesales pueden ser simpáticas, pero no necesariamente podrán ejecutarse.

Advirtió que el que una comisión de la Rama Ejecutiva promueva cambios en la Rama Judicial se puede ver como un conflicto de separación de poderes.

Recordó que ese fue uno de los asuntos esgrimidos en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo derogó la colegiación compulsoria de los abogados, bajo el fundamento de que la existencia de una ley que obligaba a la colegiación era una intromisión indebida de las Ramas Ejecutiva y Legislativa en la potestad del Poder Judicial de regular la abogacía.

«Ciertamente, es intervenir con las facultades de la Rama Judicial para regular los procedimientos», sostuvo Torres Rivera.

Eso no quiere decir que un informe de una comisión de académicos vaya a ser descartado por completo, expresó el letrado.

«Pensando siempre en los elementos positivos, uno podría pensar que de ese comité surjan recomendaciones que se presenten a la Rama Judicial y que esta las evalúe», sostuvo Torres Rivera.

«Se están atendiendo reclamos de diferentes sectores», continuó.

Torres Rivera agregó que percibe la comisión como un excelente vehículo para discutir ideas, pero no necesariamente traerá una reforma.

«Veo esto como una iniciativa buena como un recurso de deliberación y debate serio en el interior de Estados Unidos», expresó.

«Como yo lo veo, esto no compromete cambios. Lo que compromete son a estudios y acercamientos de cómo atender y resolver problemas de funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, me parece que no es solo un método adecuado en Estados Unidos, sino que sería un método adecuado para nombrar jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico», planteó el letrado.

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