Por Daniel Rivera Vargas

Las claves para frenar la violencia de género no residen en la promulgación de nuevas leyes o en la restricción de derechos, sino en la educación, el compromiso y la transparencia, según señalan juristas entrevistadas por Microjuris.

Gricelle Lugo Santiago, exjueza y primera en ser asignada a salas especializadas en violencia doméstica, quien participó en el proyecto piloto del Poder Judicial de estas salas, expresó su pesar por las actuales estadísticas de violencia de género.

En un momento crucial, alrededor de 2007 o 2009, recordó que se logró reducir las muertes de mujeres a manos de sus parejas a solo 13 en todo un año.

Sin embargo, contrastó esta mejora con la preocupante realidad actual, donde se reportaron alrededor de cuatro feminicidios a un mes del año 2024.

«Hay que mirarnos por dentro para ver qué cosas hay que mejorar. Es como muy repetido esta situación, y eso son señales que hay que mejorar. ¿Qué es? No puedo decirlo porque no he hecho una evaluación del sistema, pero yo sí sé que hay que escuchar más a la víctima, que cuando una víctima dice ‘tengo miedo’, mire, créale», afirmó la ahora litigante probono para casos del Proyecto Matria.

El tema de la violencia de género y los feminicidios cobró nueva relevancia en el debate público luego del terrible asesinato en días recientes a tres personas en Yauco, a manos de una persona que luego se quitó la vida.

Según los datos del Observatorio de Equidad de Género, en lo que va del 2024 se han confirmado cuatro casos de feminicidios íntimos en Puerto Rico.

Además de un feminicidio familiar asociado con los delitos ya confirmados, actualmente se encuentran bajo investigación cuatro casos en diferentes localidades, específicamente en Ciales, San Juan, Caguas y Añasco.

Lugo Santiago entiende que ya se ha superado en parte lo que fue el principal problema del que se hablaba en aquella época, a principios del 2000, que era la falta de coordinación entre los diversos componentes del sistema de justicia, como la judicatura, la policía y la fiscalía.

«Yo le di hasta seminarios a la Policía de Puerto Rico. En el proyecto de las salas de investigaciones hay policía asignados, y en eso se notaba la diferencia (en el manejo del caso). Quizá haya que dar más supervisión», mencionó la también exintegrante de la Academia Judicial.

Sin embargo, como evidencian las estadísticas de asesinatos recientes, hay trabajo que realizar para fortalecer la lucha contra la violencia de género y la exjueza entiende que parte de esa asignatura pendiente está en la educación y la capacitación.

«Hay que fortalecer la educación a todo el mundo. En este último caso, donde la señora no se quiso ir al albergue según la noticia, hay que buscar la forma que se fuera al albergue. Hay que educar. Las amenazas de muerte nunca se pueden minimizar, hay que tomarlo en serio. Usted no sabe a quién se enfrenta. Las cosas pasan y en eso hay que dar mucha educación», sostuvo Lugo Santiago.

Parte de la educación debe ser a la comunidad mediante mucha promoción. Recordó que cuando se logró reducir mucho la violencia de género había una campaña que entiende fue muy efectiva en los medios de comunicación, en el que participaron figuras como el excampeón de boxeo Miguel Cotto, hablando en contra de la violencia contra las parejas.

También indicó que urge una constante capacitación a los jueces y juezas, para que puedan usar todas las herramientas que les da el sistema y los adiestramientos judiciales, como lo son el manual para jueces municipales, que incluye una serie de indicadores que se deben considerar al momento de evaluar estos casos. Algunos de estos son los antecedentes, la salud mental, la situación económica, la ingesta de alcohol o si la persona tiene acceso a un arma de fuego.

«A mí no me mataron ninguna víctima, lo menos que quiere un juez es eso», reflexionó Lugo Santiago. «Yo creo que el juez tiene que estudiar mucho y tiene que preguntar, tiene que ser proactivo, tanto en el área de la orden de protección, que es civil, como criminal. Que el juez pregunte con la suficiente sensibilidad para no asustar al testigo que tengo ante mí. No todas las órdenes que se solicitan se expiden, ni en todas las reglas 6 se determina causa. Uno tiene que ser riguroso de no someter a todo el mundo a un proceso criminal, pero uno tiene que tener sensibilidad«, expresó.

Ahora, la actual litigante probono para casos del Proyecto Matria, quien entiende que no hacen falta más leyes para atender el problema, hizo un llamamiento a los jueces y juezas a escuchar sin prisa, a conocerse el derecho aplicable, a mejorar sus destrezas de comunicación y a procurar que las víctimas consideren nuevas rutas para llegar a su casa y tengan una maleta lista para albergarse.

«La gente se confía, como que no queremos ver la peligrosidad. Estamos asustados. No pensamos concretamente qué cosas tenemos que hacer. A veces están tan agobiadas por ese miedo», sostuvo.

Más allá de la mirada judicial

De otra parte, para el abogado Leonardo Aldridge, dijo a Microjuris que es importante apuntar que esto no solo se puede ver desde una perspectiva judicial, y que el proceso educativo debe comenzar en diversos niveles de la sociedad, incluyendo mensajes de masas.

«Es importante las campañas educativas. En vez de enfocarse en lo político de ‘haciendo que las cosas pasen’, en cosas alejadas de las problemas que nos afectan, pienso que una campaña educativa, mediática, es necesaria en este momento», comentó. «Debe ser una prioridad en el ecosistema publicitario del gobierno», abundó Aldridge.

El abogado explicó que las campañas educativas publicitarias han contribuido a cambiar prácticas nocivas en la sociedad, como lo han sido las relacionadas al uso del paseo y a las balas pérdidas, problemas que aún ocurren, pero mucho menos que en el pasado.

Otro asunto que, desde el crisol del abogado, debería ser parte de una estrategia concreta y que demostraría seriedad en atender el problema sería una reunión entre el gobernador Pedro Pierluisi y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quizá con la asistencia del secretario de Justicia Domingo Emmanuelli, de manera que se trate de descifrar qué está ocurriendo y se detengan las recriminaciones que han ocurrido en días recientes entre jueces y fiscales.

«Le envía un mensaje a la ciudadanía de que lo están tomando en serio y parar los señalamientos de dedo», explicó Aldridge.

Aldridge advirtió que la herramienta educativa dará resultados, pero a largo plazo.

«Nosotros como abogados debemos buscar mecanismos jurídicos y dentro del sistema de justicia para atender este asunto, pero no se puede analizar solamente como un asunto jurídico. La fase educativa es fundamental, pero si se implementara daría resultados en el mejor de los casos de 19 a 15 años, porque el que tus empieces a educar ahora no va a derogar las mentalidades retrógradas en las mentes de las personas», sostuvo Aldridge.

Abogó también por una medida de mayor transparencia -que le atribuyó al analista y abogado Luis Pabón Roca– en la que los jueces y juezas que determinan no causa para arresto pongan por escrito las razones que lo llevaron a esa decisión, que no se diga que es vagancia, que se pueda constatar si el tribunal entendió que la prueba no era creíble, suficiente o si no hay los elementos del delito.

Reducir la conversación a la eliminación de derechos

El abogado Aldridge también exhortó a que no se busque reducir la controversia a una de recortar derechos, como el de la fianza.

«Aquí se quiere llevar una narrativa y un discurso de que el problema son los derechos y no es así. El estado de derecho actual provee para que hayan unas garantías y unas protecciones a favor de la víctima. El problema es la implementación de esto, la puesta en práctica», mencionó.

Olvido a la prevención

Mientras, la exprocuradora auxiliar de Asuntos Legales bajo la primera procuradora de las Mujeres, María Dolores «Tati» Fernós, Olga López Báez, indicó que en su trayectoria de varias décadas como abogadas en casos de violencia de género ha visto «mejoras significativas», pero también cómo se ha afectado la lucha contra este mal por la dejadez, la falta de fiscalización y la poca transparencia.

López Báez, quien fue la primera abogada destacada en el proyecto especial para mujeres víctimas de violencia doméstica de la Oficina Legal de la Comunidad, esto para mediados de los 90, lamentó que se haya ignorado una parte importante de la razón de ser de la Ley 54.

«Su nombre es Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Te puedo decir que se ha estado interviniendo con la violencia doméstica y que donde nos falta muchísimo es en la prevención«, puntualizó.

López Baéz dijo que la prevención comienza con la educación con perspectiva de género. «Esto es uno de los grandes fallos. No se puede hablar de que ha fracasado la educación con perspectiva de género porque nunca se ha implantado, y ese es el modelo que entidades como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, organismos internacionales han hecho hincapié en que han sido uno de los aciertos».

Se requiere atender el problema de forma integrada y con un enfoque salubrista, agregó.

«El problema de la violencia doméstica es un problema de salud pública y una vez lo reconoces, reconocer la importancia de trabajar con múltiples sectores de forma integrada, aquí tenemos que ver los sectores que están involucrados en la intervención, como en la prevención. Ahí tienes a la policía, la fiscalía, los tribunales y tienes las ong (organizaciones no gubernamentales) o la comunidad. Esos cuatro sectores tienen que trabajar de forma al unísono», sostuvo López Báez.

Por otro lado, dijo que es importantísimo que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas para que se fijen responsabilidades, y esto incluye facilitar los mecanismos para que la ciudadanía presente quejas contra los representantes del gobierno, tanto la policía, el fiscal como los jueces.

«Sin transparencia y sin esa rendición de cuentas, como va haber confianza en los procesos», sostuvo.

«Mi mayor preocupación sigue siendo la transparencia. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas».

Asimismo, dijo que todos los componentes gubernamentales deben recibir adiestramientos continuos y especializados, en elementos como los «indicadores de letalidad», que permiten identificar cuán violenta puede ser una persona. Esto le permite a ese funcionario que está frente a una víctima escuchar verdaderamente a esa persona que está denunciando ese alegado crimen, y prestar atención no solo a las palabras que le dice la persona querellante, sino a no que no le dice.

«Hay esa sensación de impunidad y cada vez que mujeres víctimas de violencia doméstica se me acercan me dicen ‘mire licenciada, no me creyeron’. Y recientemente me dijo una ‘que mientras ella estaba hablando, el juez estaba firmando documentos», sostuvo López Báez.

Concluyó que un asunto importante que no se debe obviar es que las órdenes de protección son importantes. «Hay esta repetición de que las órdenes no te protegen. No, no, no. Protegen junto a planes de seguridad y junto al envolvimiento que debe tener toda la comunidad de forma integrada para proteger la vida de las personas que solicitan ese remedio a los tribunales».

«(Las órdenes de protección) no es solo un pedazo de papel, son importantes y salvan vidas», sostuvo

De otra parte, la exdirectora del Negociado de Métodos Alternos del Poder Judicial, la abogada, capacitadora y profesora Mildred Negrón, dijo que hay que entender que es un problema de salud pública, que afecta y, a la vez se origina, en toda la sociedad, en el que se necesita trabajar con la víctima y el victimario.

«No me refiero a terapia, sino que la educación debe darse desde temprano, pero es en todos los niveles sociales: familia, escuela, iglesias, organizaciones, deportes, arte, incluyendo la música», indicó Negrón, quien además fue por una década la directora ejecutiva de la Academia Judicial Puertorriqueña del Poder Judicial.

Explicó que la meta debe ser romper con los esquemas de la forma en que las personas se relacionan en términos afectivos. «Aprender que no es desde el poder, el control, la creencia de superioridad por sexo. Ello implica que tiene que involucrarse a ambas personas: ambas reaprenden, una se protege, la otra se concientiza de que la otra no es un objeto, una pertenencia. No queremos proteger a una sola persona, para que el ciclo se repita con otra», expresó Negrón.

Se trata de un esfuerzo que, anticipó Negrón, tomará tiempo, debe ser continuo y que no puede ser solo desde la judicatura, la legislatura, y las organizaciones formales, sino incluir a todos los entornos.

Pero, además, Negrón hizo un llamado a todos los componentes del sistema legal del archipiélago: «deben también concienciarse de que esto no es un caso de cobro de dinero, de arreglo de un vehículo, etc... Se trata de proteger el mayor bien del ser humano, la vida. La Ley 54-1989, según enmendada, tiene esto como fin, no es solo castigar. Hay que ver cada uno de estos casos, y otros, claro, con paciencia, empatía y humanidad. Después de todo, no deberíamos querer que le pase a otra persona lo que no queremos para nosotros o nuestras personas significativas».