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El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó en su manual relacionado con la doctrina de los Casos Insulares del Tribunal Supremo federal, que establece que los litigantes de la agencia deben notificar a la Oficina del Fiscal General Adjunto (OASG, en inglés) con al menos dos semanas de anticipación sobre cualquier asunto que aborde la aplicabilidad de provisiones constitucionales en estos territorios.

Los casos insulares son una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los EE.UU. de principios de 1900 que negaron a sus territorios ultramarinos la democracia y la autodeterminación, basándose en la opinión de los Jueces de que los residentes de los territorios eran «razas extranjeras» y «tribus salvajes.»

«En presentaciones anteriores, el Departamento ha reconocido que los Casos Insulares contienen razonamientos y retórica que son «obviamente anatema» e «indefendibles y desacreditados», e invocan «estereotipos racistas» que son «indefendibles y repugnantes». De acuerdo con estas declaraciones, el Departamento opina que el lenguaje y la lógica racistas de los casos insulares no merecen cabida en nuestra legislación. Los litigantes del Departamento pueden y deben incluir declaraciones similares, según corresponda, en las presentaciones que aborden los Casos Insulares».

«Para garantizar la coherencia en el enfoque del Departamento a los Casos Insulares, los litigantes del Departamento deben notificar a la Oficina del Fiscal General Adjunto (OASG, por sus siglas en inglés) de cualquier asunto relacionado con la aplicabilidad de las disposiciones constitucionales a los territorios de los EE. UU. tan pronto como sea posible en el litigio».

«Los litigantes deben notificar a la OASG de cualquier presentación en tales asuntos que se anticipe que aborde los Casos Insulares al menos dos semanas antes de la presentación, y deben compartir un borrador con la OASG al menos una semana antes de la presentación. Si un tribunal establece un cronograma de información acelerado que no permite a los litigantes proporcionar un borrador de presentación con al menos una semana de anticipación, o si hay otros factores que hacen que sea impracticable proporcionar un aviso con dos semanas de anticipación, los litigantes deben notificar a la OASG de la presentación esperada lo antes posible».

Los casos insulares son la infraestructura constitucional sobre la que se basan tratos desiguales que vemos en contextos muy conocidos por todos y en tiempos recientes como lo son: la recuperación de desastres, quiebras de entidades gubernamentales, representación Congresional, asuntos contributivos, derechos civiles, beneficios de programas federales, entre otros.

Recientemente, el Departamento de Justicia federal  anunció en una gesta histórica su política gubernamental de «no depender de, ni buscar extender la doctrina de incorporación territorial establecida por los casos insulares».

Esta acción del Departamento de Justicia federal viene después de haber recibido recientemente cartas del Congreso, el Gobernador de las Islas Vírgenes, grupos de derechos civiles, y otras organizaciones haciendo el llamado para que el Departamento expresamente condenase los casos insulares y la doctrina de incorporación territorial que establecieron.