El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un amicus curiae en el caso Walker v. City of Calhoun, que reta el uso de la fianza por parte del sistema judicial de ese estado.

Los demandantes en el caso alegan que la utilización por parte de la ciudad de Calhoun (Georgia) de una lista que determina fianzas específicas según el delito o la ofensa, violenta los derechos de debido proceso de ley e igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El co-demandante Maurice Walker, representado por la organización Equal Justice Under Law, es un esquizofrénico de 60 años que fue encausado por embriaguez pública. Este no pudo pagar la fianza que se le impuso de $160 dólares, pues en ese momento vivía con su hermana que administraba $530 dólares al mes que le otorgaban por discapacidad. Al no poder pagar la fianza impuesta a base de la mencionada lista, se le mantuvo en prisión por seis días. Este pudo haber estado hasta 11 días, pero se le liberó poco después que se presentó la demanda retando este tipo de encarcelamientos.

Un juez federal del estado de Georgia certificó la clase y otorgó un interdicto temporal en contra de la práctica de arrestar personas sólo porque no pueden pagar una fianza. La ciudad de Calhoun apeló la decisión en el Onceavo Circuito del Tribunal de Apelaciones, donde el Departamento de Justicia federal finalmente presentó su amicus curiae.

El documento presentado por el Departamento mantiene que el Tribunal Apelativo debe confirmar la decisión del Tribunal de Distrito, ya que una larga lista de casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos explican que se viola la Enmienda 14 siempre que la justicia dependa de la habilidad del acusado de pagar. Los sistemas de fianza administrados sin tomar en consideración las circunstancias particulares de los individuos son además mala política pública, según el amicus. Ello porque suponen el aprisionamiento de personas a las que legalmente se les presume inocentes, provocando que tengan más dificultad en establecer una defensa efectiva en sus casos.

La American Bar Association también presentó un amicus curiae en donde expresó que estas listas de fianzas determinadas no permiten que los jueces consideren los factores individuales de los acusados. Estos factores a considerar pueden ser la peligrosidad, provocando que la libertad "esté disponible sólo para aquellos que pueden pagarla".