La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, informaron la pasada semana, que se refirió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) al exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel A. Encarnación Correa, con la recomendación de la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

La investigación preliminar realizada por la fiscal Wanda Meléndez Santos, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, y la agente Elizabeth Hernández del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), determinaron preliminarmente que Encarnación Correa pudo haber cometido los siguientes delitos: Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 202 del Código Penal por fraude; Artículo 251 por enriquecimiento injustificado; Artículo 252 por aprovechamiento ilícito; Artículo 262 por incumplimiento del deber; Artículo 135 por acoso sexual; y Artículo 264 por malversación de fondos públicos.

«Estas son investigaciones que toman tiempo, requieren recursos investigativos especializados y está siempre comprometida la disponibilidad de testigos. Su análisis general es complicado pues envuelve compañeros de trabajo, en algunos casos amigos y figuras públicas. Pero el deber de cumplir con la ley y no abusar de la función pública, debe siempre ir por encima de todo eso», expresó la Secretaria de Justicia.

De la pesquisa preliminar se desprende que Encarnación Correa, como administrador de ASG, utilizando su autoridad, ante la emergencia decretada por el paso de los huracanes Irma y María, ordenó la compra de 16 plantas eléctricas con fondos públicos para ASG. Éste las distribuyó entre empleados de confianza y otros, contrario a la ley, y para fines privados. Además, utilizó para beneficio propio y de terceros propiedad del gobierno en medio de la emergencia. Inclusive permitió que dos empleados utilizaran vehículos oficiales en horas no laborables y en asuntos personales, autorizadas por él.

El informe también incluye que Encarnación Correa desplegó un comportamiento de acoso sexual en el ámbito laboral contra dos empleados de ASG, provocando situaciones humillantes para los perjudicados que recibieron acercamientos de índole sexual no deseados por parte del exadministrador.

«Como hemos indicado antes, el Departamento de Justicia realiza estas investigaciones de manera preliminar, según lo exige la ley. En estas investigaciones, los fiscales de la División de Integridad Pública ejercen la misma  rigurosidad en su análisis y apreciación de la evidencia como si fuera el Departamento de Justicia quien sometiera los casos. Vamos a cumplir con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de investigar todo caso de corrupción, no importa los escenarios ni quienes sean sus protagonistas», explicó Vázquez Garced.