El Departamento de Justicia (DJ) presentó un escrito de reconsideración en el caso de Doral para que la jueza superior Laureana Pérez Pérez revalúe la sentencia dictada el pasado 10 de octubre, mediante la cual validó el desembolso de $229 millones de fondos públicos a la financiera.

"Respetuosamente discrepamos de la decisión del Tribunal en este caso, pues sostenemos que la misma no se ajusta a las disposiciones legales y la prueba claramente presentada. Por lo cual, en aras de proteger lo que a todas luces constituiría validar un desembolso ilegal de fondos públicos, nos vemos precisados a solicitar al Tribunal que, al amparo de las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil, reconsidere la Sentencia dictada, enmiende algunas de las determinaciones iniciales y dicte determinaciones de hechos adicionales de conformidad con los hechos probados", sostuvo el Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda.

En el escrito de 71 páginas, el Estado sostuvo que la vista evidenciaria estuvo matizada por una limitación al Estado, a quien el Tribunal le impuso el peso de la prueba, en cuanto a la prueba a ser presentada, como los planteamientos jurídicos para apoyar su teoría legal del caso. La determinación del Tribunal fue que la vista evidenciaria se limitaría a "pasar prueba sobre falsedad de cualquier representación que se haya hecho" y donde se ordena al Estado a eliminar "del informe de Conferencia con Antelación a Juicio todo aquello que hable de que el contrato es contrario al orden público y todos los argumentos colaterales. Todos los demás argumentos del Estado para anular el acuerdo no se van a considerar".

Por otro lado, el Estado asegura que, aún bajo el limitado alcance de la controversia impuesta por el Tribunal, se logró probar que Doral no realizó un pago en exceso que le hiciera acreedor de un reintegro de $229 millones y que Doral faltó a la verdad al expresar que el balance no amortizado del activo intangible (IO’s) era de $766 millones, en lugar de $652 millones, lo que resultó en un reintegro mayor.

Del mismo modo, la representación legal del Estado solicitó la eliminación o enmienda de sobre 40 de las determinaciones de hecho del Tribunal, por no ajustarse a la prueba presentada o por la ausencia de prueba.

"La reconsideración que presentamos en el día de hoy está cimentada en las fuertes consideraciones de interés público, de las cuales está revestida la sana y recta administración de los fondos del Pueblo, y que todo organismo gubernamental está obligado a observar. Estamos convencidos de nuestra obligación moral y legal con el Pueblo de Puerto Rico de defender la improcedencia de este millonario desembolso de fondos públicos, para lo cual agotaremos todos los mecanismos apelativos de nuestro proceso judicial. Conforme he expuesto previamente, no habremos de claudicar en el reclamo de que se declare la ilegalidad de dicha transacción", puntualizó el Miranda.