Por Sergio Marxuach
Director de política pública del Centro para Una Nueva Economía

Recientemente se ha llevado a cabo un debate público sobre los contratos de energía renovable que ha suscrito la Autoridad de Energía Eléctrica ("AEE").  De un lado, tenemos a la AEE reclamando que dichos contratos la obligan a comprar electricidad producida con fuentes renovables a unos precios muy altos y que algunos contratos fueron otorgados a "especuladores" sin ninguna experiencia en o conocimiento de la industria energética.

De interés:

• Descargar contratos de compra de Energía Renovable y Enmiendas – Proyectos Eólicos de la AEE (15 de agosto de 2013)
• Chatarra (8 de agosto de 2013)

Del otro lado, tenemos a la Asociación de Productores de Energía Verde reclamando que los precios negociados son razonables y comparables con los precios en otras jurisdicciones. Alegan además que los contratistas tienen la experiencia y el capital necesario para llevar a cabo los proyectos.

El público en general, sin embargo, no puede evaluar objetivamente los argumentos en esta controversia. La AEE es una agencia poco transparente, que tradicionalmente le ha mentido a la gente, y por tanto, con ninguna credibilidad frente al pueblo de Puerto Rico, y que tiene muy poco o ningún interés en darle paso a productores privados de energía renovable.

A la misma vez, los miembros de la Asociación de Productores de Energía Verde tienen un obvio interés financiero en que la AEE honre sus contratos, no importa cuan onerosos sean sus términos y condiciones, y por tanto sus argumentos tampoco se pueden tomar como buenos a primera vista sin un análisis y estudio más profundo.

El problema es que no existe un ente que sirva de árbitro en esta disputa, que tenga la autoridad y el peritaje para determinar cuáles de estos contratos promueven los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y cuáles se otorgaron utilizando otros criterios.

En nuestra opinión, esta disputa demuestra de manera emblemática la necesidad de crear en Puerto Rico un ente regulador independiente que regule y fiscalice el mercado de electricidad de una manera objetiva y libre de intereses creados, ya sea financieros o políticos. En el caso bajo análisis, dicha entidad habría separado el grano de la paja, determinando, desde el comienzo del proceso, cuáles de estos contratos tenían sentido otorgar y cuáles no.

¿Qué sabemos sobre los contratos de energía renovable?

Desafortunadamente muy poco.  De acuerdo con el Preliminary Official Statement ("POS") de la emisión de bonos mas reciente de la AEE, dicha entidad ha otorgado contratos para 63 proyectos de energía renovable con una capacidad agregada de 1,660.8 MW:

(1) Energía Eólica:           10 proyectos, 382.9 MW de capacidad;

(2) Energía Solar:            46 proyectos, 1,157.4 MW de capacidad

(3) "Waste to Energy":     3 proyectos, 109 MW de capacidad; y

(4) "Landfill Gas":             4 proyectos, 11.5 MW de capacidad.

De entrada, nos parece curioso que la AEE considere proyectos de "waste to energy" y de "landfill gas" como proyectos de energía renovable.  Hasta donde tenemos conocimiento ni la quema de basura y ni el gas metano producido por los vertederos son fuentes renovables de energía.

De los 63 proyectos, cuatro ya se encuentran en operación: (a) Windmar en Ponce (2 MW); (b) AES Ilumina en Guayama (20 MW); (c) Punta Lima en Naguabo (26 MW); y (d) Pattern en Santa Isabel (75 MW).

El POS no incluye información detallada sobre los términos y condiciones de los contratos. De lo poco que se desprende el POS, sabemos que la mayoría de los contratos son a un término de 25 años y que tienen que cumplir con ciertos requisitos técnicos para la interconexión con el sistema de la AEE. (POS, p. 44)  No se divulga nada sobre quiénes son los contratistas, qué experiencia tienen en esta industria, ni qué capacidad técnica y financiera tienen para llevar a cabo los proyectos.

En términos de precios lo único que se divulga es lo siguiente:

The fixed prices at which the Authority is required to purchase power under these agreements are currently lower than the cost of the Authority’s most expensive generation capacity. Over time, however, the cost of purchasing power from these renewable energy facilities could exceed the cost of energy produced by the Authority’s natural gas fired units. The cost of purchased power from these facilities is being passed on to the Authority’s clients through the purchased power adjustment charges. There is no assurance that these renewable energy projects will be completed or come on line as scheduled by fiscal year 2015. (POS, p.  44).

Lo que sí sabemos es que durante el año fiscal 2013 la AEE gastó $2,603.6 millones para comprar 23.42 millones de barriles de petróleo, a un costo promedio de $111.17 por barril.  Ese combustible se utilizó para generar 13,781.6 millones de kWh, lo que resulta en un costo de combustible promedio por kWh de 18.89 centavos. (POS, p. 50).

En teoría, ese precio debería ser el máximo al cual la AEE compraría energía renovable.  Si un productor de energía solar le ofrece a la AEE un precio de 15 centavos por kWh ese precio le debería ser atractivo a la AEE ya que a ésta le cuesta, en promedio, casi 19 centavos generar el mismo kWh con petróleo.

Sin embargo, eso no significa que la AEE nos vendería a nosotros ese kWh a 15 centavos ya que la AEE le tiene que añadir al precio por kWh aproximadamente 8 centavos para cubrir sus gastos fijos (transmisión, distribución, servicio de la deuda, depreciación, etc.).  De todos modos, una reducción en el precio de 27 centavos por kWh a 23 centavos, equivale a una reducción de casi 15% en el precio por kWh, lo cual es significativo.

En resumen, este episodio es típico de la falta de transparencia en los procesos de la AEE.  Recomendamos que (1) se hagan públicos todos los contratos de energía renovable suscritos por la AEE; (2) la Administración de Asuntos Energéticos establezca una comisión técnica que evalué los contratos y determine cuáles son viables en términos técnicos y financieros y cuáles no; (3) se rescindan o cancelen los contratos que se determinen no son viables; y (4) se establezca un reglamento detallado que gobierne estas contrataciones en el futuro.

Y claro, a mediano plazo hay que establecer un regulador independiente que regule y fiscalice el mercado de electricidad en Puerto Rico.  El cabro no puede seguir velando a las lechugas.