La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington celebrará una audiencia pública sobre la deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico el lunes, 4 de abril a las 11:30 a.m., anunciaron hoy representantes de sobre 42 organizaciones de derechos humanos de Puerto Rico y de la diáspora.

Fecha y lugar de la audiencia:
Lunes, 4 de abril de 2016, a las 11:30 a.m.
Salón Rubén Darío, Edificio de la Secretaría General de la OEA en Washington, DC.

Esta es la primera vez que se celebra una audiencia sobre la deuda pública de Puerto Rico ante un foro internacional. "Sabemos que hay preocupación de la comunidad internacional sobre la situación urgente que vive nuestro país. No es usual que la Comisión Interamericana realice audiencias sobre este tema o sobre Puerto Rico, mucho menos que lo haga dos veces en años consecutivos. Los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen una responsabilidad internacional que asumir y vienen llamados a responder sobre los efectos de esta crisis en la población", señaló Annette Martínez Orabona, Directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Las organizaciones informarán a la CIDH sobre la manera en que las políticas fiscales adoptadas para palear la crisis económica han impactado los derechos a la educación, la vivienda digna, el trabajo, la salud, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia. Además, se informará sobre el efecto mayor que ha tenido la crisis fiscal sobre las poblaciones más vulnerables, incluyendo a la niñez de educación especial, las mujeres, los migrantes, las personas privadas de libertad, y las poblaciones pobres y afro-descendientes, entre otras.

"Si bien es cierto que la situación económica nos afecta a todas y todos, los datos que hemos recogido indican que el peso fuerte de esta crisis recae en grupos históricamente marginados. La segregación social es real y las políticas fiscales implantadas con el fin de atender el tema económico, han logrado ahondar esas grandes desigualdades que vivimos en este país. Las medidas fiscales del gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos son políticas públicas y como tal están sujetas a las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los Estados," señaló Eva Prados, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico.

Las organizaciones peticionarias presentarán un informe escrito que estará disponible al público el mismo día de la audiencia vía internet. El mismo será presentado y discutido también en un panel ante el Congreso y con funcionarios del Ejecutivo federal, en Washington, D.C.. En este informe, la sociedad civil está proponiendo varias medidas dirigidas a atender la situación económica desde un enfoque que garantice de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y supervisa la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. La Comisión tiene facultad para emitir decisiones y pronunciamientos sobre la violación estatal de derechos humanos en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. En esta audiencia, los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico deberán responder públicamente a las denuncias presentadas. La audiencia se transmitirá en vivo a través de www.cidh.org.

Organizaciones que apoyan y participan de la audiencia:

Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Cumbre Social, Instituto De Estudios Sobre Mujeres, Género y Derecho (Inter-Mujeres); Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.; Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América; COMUNA Caribe; Organización Puertorriqueña de Mujeres Trabajadoras; Mesa Nacional en Puerto Rico del Consejo Latinoamericano de Iglesias; Alianza de Salud para el Pueblo; Seminario Evangélico de Puerto Rico; Movimiento de Concertación Ciudadana VAMOS; Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT); Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (UBGF); Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica de Puerto Rico; Comunidad Villas del Sol en Toa Baja; Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA); Consejo Latinoamericano de Iglesias Continental y Mesa Nacional de Puerto Rico; Espacios Abiertos; Oficina Legal de la Comunidad; Alianza SEIU; Instituto para el Desarrollo de la Juventud; Boys and Girls Clubs de Puerto Rico; Centro de Periodismo Investigativo; Coordinadora Paz para la Mujer; Human Rights Clinic, University of Santa Clara; Clínica de Educación y Participación Ciudadana, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico;Fundación por un Mejor País; Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR); Unión de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal; Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (INIPRODEH); Latino Justice PRLDEF; Alianza por Puerto Rico; New York Communities for Change; Make the road – New York,Pennsylvania, Conneticut; Organise Now; Florida Institute for Reform and Empowerment; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM regional y Puerto Rico; Center for Popular Democracy; Massachusetts Jobs with Justice; ReFund America Project; SEIU 32BJ