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La gobernadora Jenniffer González Colón envío sus primeros tres proyectos de ley de administración a la Legislatura, dos de ellos encaminan la renovación del sistema de energía del archipiélago  y el tercero busca eliminar el limbo jurídico sobre las estructuras y residencias existentes en La Parguera, armonizándolas con la conservación del medio ambiente.

Las primeras dos medidas son parte de las recomendaciones que le hizo el Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico.

La primera es una solución realista al plan de trabajo para alcanzar la meta final de que la generación energética en la isla sea una 100% de fuentes renovables para el 2050. La propuesta elimina las metas con fechas intermedias que no se van a poder cumplir a cabalidad pero que aumentan vertiginosamente el costo al consumidor de la electricidad en estos momentos. También se mueve la fecha de la prohibición de la quema de carbón, lo que daría en espacio para sustituir dicha generación antes perder esa fuente de energía.

Estás enmiendas permitirían reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y la utilización de fuentes de energía más limpias— como lo es el gas natural licuado— que ahora mismo quedan descartadas por tener que cumplir con las metas intermedias. De este modo se garantiza la estabilidad del Sistema Eléctrico y la suficiente generación para cubrir la demanda a un costo razonable para el consumidor.

La segunda medida presentada por la gobernadora busca enmendar el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como «Ley de Transformación y Alivio Energético» para aumentar las multas que puede imponer El Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.

El fin es darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas. Además, se faculta al Negociado a ordenar la incautación de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer para asegurar el cobro de dicha penalidad.

Dando continuidad a lo ya expresado por la Asamblea Legislativa en el 2016, la gobernadora envió una tercera medida que tiene como propósito esencial atender la problemática jurídica pendiente de la permanencia de estructuras y residencias existentes en La Parguera.

La medida busca armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente, a la vez que establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público, asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera.